Micaela Gacek pidió a la Legislatura que investigue a diputadas de Cacho Bárbaro por presunto cobro irregular de pensiones por discapacidad

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Micaela Gacek pidió a la Legislatura que investigue a diputadas de Cacho Bárbaro por presunto cobro irregular de pensiones por discapacidad

La abogada y actual candidata a diputada nacional, Micaela Gacek, presentó este lunes un escrito formal ante la Cámara de Diputados de Misiones solicitando que se investigue a dos legisladoras del Frente PAyS, no solo a la luz de los presuntos cobros irregulares de pensiones por discapacidad que salieron a la luz, sino también por un posible modus operandi que implicaría la utilización política de estos beneficios sociales. El pedido surge en medio de una fuerte polémica pública y mediática por el presunto uso indebido de recursos sociales en la provincia.

El documento, dirigido al presidente del cuerpo legislativo, Oscar Herrera Ahuad, menciona a la diputada electa Elisa Goring y a la actual legisladora Blanca Álvez, ambas vinculadas políticamente con el dirigente Héctor “Cacho” Bárbaro. En este contexto, se podría entender que Bárbaro habría contado con contactos a nivel nacional, incluyendo sectores como La Cámpora, que podrían haber contribuido a la consolidación de una red clientelar destinada a favorecer a militantes y allegados, en detrimento de quienes realmente los necesitan. Según la presentación, ambas habrían cobrado pensiones no contributivas por invalidez mientras mantenían vínculos activos en el ámbito político, lo que podría generar dudas sobre la compatibilidad legal y ética de esos beneficios.

Gacek pidió que se determine la naturaleza y el grado de discapacidad que justificó la asignación de las pensiones, así como si dichas prestaciones resultaban compatibles con las responsabilidades públicas asumidas. Además, instó a que se investigue la posible comisión de delitos, en particular el de fraude contra la administración pública.

La denuncia cobra mayor relevancia en un contexto nacional donde se revisan los mecanismos de otorgamiento de pensiones por discapacidad. En sus redes sociales, Gacek cuestionó duramente lo que describió como una red de clientelismo basada en certificados médicos apócrifos y beneficios sociales entregados a referentes políticos y sus familias, en perjuicio de quienes realmente los necesitan.

La Pensión No Contributiva por Invalidez está destinada exclusivamente a personas menores de 65 años que, debido a una discapacidad física o mental, se encuentran en situación de vulnerabilidad social y no pueden acceder al mercado laboral en condiciones plenas. Para acceder a este beneficio, el solicitante debe acreditar una disminución del 66% o más en su capacidad laboral, no contar con ingresos suficientes ni bienes que le permitan sostenerse, y no percibir otras prestaciones previsionales. Además, debe presentar un Certificado Médico Oficial y cumplir con criterios sociales y económicos específicos. En este contexto, genera dudas razonables la adjudicación de estas pensiones a personas vinculadas familiarmente a funcionarios públicos, como esposas o hijas de intendentes, dado que su situación económica podría no encuadrar dentro de los parámetros de vulnerabilidad exigidos por el régimen. Si bien no está prohibido por la normativa, este tipo de casos pone en discusión los criterios de asignación y el control de la distribución de estos beneficios.

Además, considerando que uno de los requisitos centrales para acceder a la pensión por invalidez es acreditar una discapacidad del 66% o más —lo que implica una limitación severa para el desarrollo de actividades laborales—, resulta llamativo que, en algunos casos, estas personas luego logren una reinserción activa, ya sea en lo social, laboral o incluso político. Si bien puede haber situaciones individuales en las que una condición de salud mejore con el tiempo o sea mal diagnosticada, la recurrencia de estos casos dentro de un mismo núcleo familiar o político sugiere la necesidad de revisar los mecanismos de otorgamiento y control. No se trata de poner en duda la buena fe de todos los beneficiarios, sino de evitar que beneficios diseñados para proteger a los más vulnerables sean utilizados sin el debido sustento legal o médico.

El caso de Elisa Goring, cuya hija también habría sido beneficiaria de una pensión, fue uno de los más resonantes. Goring es además esposa de Cali Goring, actual intendente de Colonia Aurora, lo que generó cuestionamientos sobre la posible utilización de vínculos familiares y políticos para acceder a estos beneficios. La dirigente renovadora planteó que este tipo de maniobras no son hechos aislados, sino parte de una estructura sostenida por dirigentes como Bárbaro, que podría haber promovido y protegido a los beneficiarios dentro del esquema político.

Con esta acción institucional, Gacek busca instalar un debate en la Legislatura sobre el uso de recursos del Estado destinados a sectores vulnerables y la necesidad de transparentar los mecanismos de asistencia social. En su planteo, advirtió que lo que está en juego no es solamente el mal uso de fondos públicos, sino la dignidad de las personas con discapacidad que quedan excluidas del sistema por culpa de estas prácticas.