Nación vuelve a subir los impuestos a los combustibles mientras las rutas se deterioran

El Gobierno nacional aplicó una nueva actualización en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, medida que comenzó a regir este mes y que impacta directamente en el precio de la nafta y el gasoil en todo el país.

El Decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial, dispuso el ajuste correspondiente a períodos impositivos de 2024 que habían sido postergados. La suba llega en un contexto de críticas por la falta de inversión en infraestructura vial y por el uso discrecional de los fondos que deberían destinarse al mantenimiento de rutas nacionales.

En Misiones, el incremento significó el décimo aumento del año, con alzas de hasta el 2,6%. En las estaciones de servicio de YPF, la nafta súper trepó a $1.589 por litro, la Infinia alcanzó los $1.789, y el diésel premium superó los $1.830. En otras petroleras, los valores ya superan los $1.900 en sus versiones premium.

El tributo fue creado originalmente para financiar obras viales, pero hoy se ha convertido en una fuente de recaudación con poca transparencia. Informes legislativos señalan que en 2024 solo una parte del dinero recaudado se destinó a la red vial, mientras que el resto fue usado en inversiones financieras, como plazos fijos y bonos públicos.

Los números oficiales también reflejan la falta de ejecución: el programa “Pavimentación de Rutas Nacionales” cumplió apenas el 24% de sus metas el año pasado, con solo 49 kilómetros construidos de los 205 planificados.

Frente a esta situación, varias provincias reclaman mayor participación en la administración de los fondos viales, e incluso algunas ya iniciaron acciones judiciales para gestionar directamente los tramos de rutas nacionales bajo su territorio.

Pese a las críticas, el Gobierno proyecta para 2026 una suba del 72% en la recaudación del impuesto a los combustibles, que pasaría de $4,4 billones a $7,6 billones, según el proyecto de Presupuesto. Sin embargo, no se prevé una mejora proporcional en la inversión en obras viales.

Mientras el Ejecutivo sostiene que la actualización busca mantener la sostenibilidad fiscal, economistas advierten que se trata de una medida que golpea el consumo, el transporte y el costo de vida.

La paradoja es evidente: un gobierno que prometió reducir la carga impositiva termina aumentando uno de los tributos más sensibles para la economía, sin garantizar que los recursos cumplan el objetivo para el cual fueron creados.