El Gobierno argentino volvió a internacionalizar el reclamo por la detención del gendarme Nahuel Gallo, quien permanece privado de su libertad en Venezuela desde hace más de un año. La situación fue expuesta ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se denunció una grave vulneración de derechos fundamentales.
Durante su intervención en Ginebra, el representante argentino ante organismos internacionales, Carlos Foradori, sostuvo que el caso de Gallo refleja prácticas sistemáticas que, según afirmó, se repiten desde hace más de una década en Venezuela. Entre ellas, mencionó detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada y la falta de garantías judiciales básicas.
De acuerdo a la presentación argentina, el gendarme se encuentra detenido sin que exista una orden judicial conocida, sin acceso a asistencia consular, sin contacto con su familia y sin una defensa legal independiente. Además, se advirtió que las acusaciones en su contra carecen de sustento, ya que al momento de ser arrestado no había ingresado formalmente al territorio venezolano.
Foradori remarcó que el silencio o la falta de acción de los organismos internacionales frente a este tipo de hechos contribuye a la impunidad y debilita el sistema de protección de los derechos humanos. En ese sentido, instó al Consejo a no permanecer indiferente ante situaciones que, a su entender, violan normas básicas del derecho internacional.
La denuncia fue respaldada por organizaciones y activistas de derechos humanos. La dirigente venezolana Elisa Trotta señaló que Gallo lleva más de 365 días incomunicado y expresó su confianza en que el caso seguirá siendo visibilizado hasta obtener una respuesta concreta.
Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando cruzó desde Colombia por un paso fronterizo terrestre. Según indicaron su familia y el Gobierno argentino, viajaba para reencontrarse con su pareja y su hijo. Sin embargo, las autoridades venezolanas lo acusaron de integrar un supuesto grupo extranjero que atentaría contra la seguridad del Estado, una versión que Argentina rechaza de manera categórica.
A un año de los hechos, el Gobierno nacional calificó el caso como una desaparición forzada y presentó reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y otros foros multilaterales, solicitando medidas urgentes para lograr su liberación.
Desde el entorno familiar, la pareja de Gallo reiteró que la detención se produjo únicamente por su nacionalidad y pidió un mayor acompañamiento y pronunciamiento por parte de la sociedad argentina.
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