​Reforma judicial en Misiones: el Superior Tribunal descartó internas y confirmó cómo será la transición estratégica

 La implementación del nuevo sistema procesal en la provincia de Misiones avanza bajo una premisa de estricta cooperación institucional. Frente a las versiones o dudas lógicas que genera una transformación de tal magnitud respecto al presupuesto y los tiempos de ejecución, la ministra del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Rosanna Pía Venchiarutti, echó por tierra cualquier tipo de división interna y remarcó la sintonía que existe entre el alto tribunal y el Ministerio Público.

​La magistrada fue categórica al señalar que ambas instituciones forman parte de una misma estructura dentro del Poder Judicial, por lo que el proyecto de reforma no pertenece de manera aislada a un solo sector, sino que es un trabajo coordinado en el que cada parte interviene desde su rol institucional específico.

​Respecto a la hoja de ruta para la puesta en marcha, se prevé que el nuevo esquema comience a regir formalmente un año después de que la ley sea aprobada. Este lapso estimado de 12 meses contará con la flexibilidad de ser prorrogable y se aplicará bajo una modalidad estrictamente escalonada. Las primeras pruebas piloto e implementaciones iniciales se desarrollarán en dos de las circunscripciones judiciales más pequeñas de la provincia, permitiendo un monitoreo cercano antes de expandir el sistema al resto del territorio.

Venchiarutti también aportó una mirada optimista sobre el hecho de que Misiones sea una de las últimas jurisdicciones del país en adoptar este formato acusatorio. Lejos de considerarlo una desventaja, la ministra destacó que esta posición cronológica le otorga a la provincia una ventaja estratégica inmejorable: la posibilidad de capitalizar la experiencia ajena, analizando minuciosamente los aciertos y corrigiendo los errores que ya cometieron otros distritos en sus respectivas transiciones judiciales. Con esto, Misiones apunta a lograr una transformación profunda pero ordenada, garantizando la estabilidad institucional del servicio de justicia.