​El costo de la represión: el Gobierno destinó más de $2.000 millones a desplegar la seguridad frente a los jubilados

 ​Un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con datos oficiales revela el millonario presupuesto público volcado a los operativos de los miércoles ante el Congreso durante 2025. La suma invertida equivale a miles de haberes mínimos.

​El despliegue de las fuerzas federales de seguridad frente a las movilizaciones de adultos mayores en los alrededores del Congreso de la Nación implicó un elevado costo económico e institucional durante el año 2025. Según un relevamiento presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sobre la base de información provista por el propio Ministerio de Seguridad de la Nación, el Estado destinó más de $2.000 millones únicamente para sostener la presencia policial durante estas protestas.

​El estudio detalla que, entre enero y diciembre de 2025, se desarrollaron un total de 43 operativos de seguridad en el marco de las marchas semanales de los jubilados. Cada jornada demandó una erogación media de $48,5 millones, un cálculo que la entidad califica como "conservador", dado que contempla exclusivamente gastos de logística, equipamiento y combustible, dejando por fuera los adicionales salariales y las horas de servicio prestadas por el personal de seguridad.

​El equivalente a miles de haberes

​En promedio, cada miércoles se movilizaron 915 efectivos pertenecientes a las distintas fuerzas federales. De acuerdo con el análisis económico del CELS, la suma desembolsada para sostener este dispositivo policial equivale al valor de 5.578 jubilaciones mínimas (computando el haber con su respectivo bono).

​Respecto del desglose presupuestario informado por los organismos oficiales, $35 millones se destinaron al abastecimiento de combustible de la flota vehicular, mientras que el resto del presupuesto —representando cerca del 96% de las erogaciones en equipamiento— fue absorbido por la Policía Federal Argentina (PFA).

​Un saldo de heridos y detenciones

​Más allá del impacto fiscal, el informe hace hincapié en el balance en materia de derechos humanos y protesta social. De las 43 jornadas de manifestación registradas en el año, al menos 28 derivaron en intervenciones con uso de la fuerza.

​Como consecuencia de las acciones desplegadas —que incluyeron el uso de carros hidrantes, gas pimienta, gases lacrimógenos y proyectiles de goma—, se contabilizaron más de 500 personas con heridas o contusiones y un total de 149 detenciones calificadas como arbitrarias por el organismo.

Entre los episodios de mayor gravedad institucional mencionados en el documento, se destaca el operativo del pasado 12 de marzo de 2025, cuando el fotoperiodista Pablo Grillo sufrió heridas severas al ser impactado de forma directa por una granada de gas lacrimógeno mientras ejercía su labor profesional.