​Escándalo en el sector tabacalero: apartan y denuncian al encargado de la oficina de ACTIM en San Pedro por millonaria estafa

 La entidad radicó una denuncia formal ante la Justicia y desafectó al responsable de la filial local tras detectar maniobras irregulares que causaron un grave perjuicio económico a decenas de productores y a la propia institución.

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​Un grave hecho sacude al ámbito agrícola en el norte misionero. La Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM) confirmó que desafectó de sus funciones a Nicolás Fabián Borja, quien se desempeñaba como responsable de la oficina de la entidad en la localidad de San Pedro, tras comprobar la existencia de presuntas estafas de importante escala en perjuicio de colonos de la zona.

​Denuncia penal y remoción inmediata

A través de una resolución institucional, la Comisión Directiva de la entidad comunicó que tomó conocimiento de las anomalías a mediados del presente mes. Ante la gravedad de los hechos constatados, las autoridades de la asociación procedieron a remover de inmediato al involucrado de toda representación formal e iniciaron las correspondientes acciones penales ante los juzgados competentes.

​Según trascendió desde fuentes vinculadas al caso, la maniobra investigada habría afectado a más de una treintena de colonos tabacaleros de la región, generando un perjuicio económico millonario. Los hechos bajo investigación involucran el cobro no autorizado de fondos y la supuesta emisión de comprobantes de pago falsificados referidos a obligaciones fiscales.

​Avanza la causa judicial y la recolección de pruebas

En el marco de las actuaciones dirigidas por las autoridades judiciales de San Pedro, personal especializado realizó procedimientos y allanamientos tanto en dependencias vinculadas a la entidad como en domicilios particulares. Durante estos operativos, los peritos procedieron al secuestro de equipos informáticos, soportes digitales y documentación para determinar con precisión el alcance de las maniobras.

Desde la conducción de la organización ratificaron que ningún empleado tiene la facultad ni la autorización para cobrar dinero en efectivo de manera directa a los colonos por trámites institucionales. Asimismo, remarcaron el compromiso de acompañar a las familias damnificadas y colaborar activamente con el esclarecimiento total del hecho para resguardar la institucionalidad y la confianza de sus asociados.