Conectividad satelital para escuelas rurales: el contrato con Starlink que genera polémica por falta de licitación y costos futuros

 El Gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), formalizó un contrato directo con la empresa Starlink, propiedad de Elon Musk, para llevar conectividad satelital a unas 6.000 escuelas rurales de todo el país. La iniciativa se financia con recursos del Fondo del Servicio Universal (FSU), y fue aprobada mediante las resoluciones 663/2026 y 857/2026. Sin embargo, el procedimiento y las condiciones del acuerdo generaron fuertes cuestionamientos políticos y técnicos.

El monto asignado asciende a unos 21,8 millones de dólares. De ese total, Starlink aportaría cerca de 9,9 millones en equipos y dos años de servicio, mientras que el Estado nacional financiaría los 11,9 millones restantes destinados a instalación, soporte y un tercer año de conectividad. Una de las críticas principales es que no se realizó licitación ni concurso público alguno: la empresa presentó su propuesta el 15 de julio y apenas ocho días después el interventor del Enacom firmó la aprobación sin compulsar con otras alternativas, incluyendo la oferta de la empresa estatal ARSAT.

El diputado Agustín Rossi presentó pedidos de informes para conocer los fundamentos de la decisión y por qué no se consideraron otras opciones. También se cuestiona que la valuación de los aportes fue establecida de manera unilateral por la propia empresa, y que el costo por escuela resulta superior al valor del servicio que Starlink comercializa de forma particular.

Otra preocupación central es la sostenibilidad financiera a mediano plazo: el financiamiento nacional cubre tres años, pero a partir de ese momento serán las provincias quienes deban asumir el pago del servicio, con valores fijados en dólares. Esto se suma a que el acuerdo no contempla mecanismos de ajuste a la realidad presupuestaria de cada jurisdicción.

Además, el contrato establece cláusulas que eximen a Starlink de responsabilidad: si una escuela no puede conectarse por cuestiones de infraestructura local, la empresa no debe reintegrar fondos ni reemplazar el destino de los recursos, y eventuales cambios de ubicación corren por cuenta de la provincia. Tampoco se realizó previamente un relevamiento coordinado con las provincias y municipios para identificar con precisión qué establecimientos realmente necesitan el servicio.