En un giro clave para la preservación de uno de los ecosistemas más importantes del mundo, la Justicia Federal ha decidido poner bajo la lupa la realización de eventos privados y promocionales dentro del Parque Nacional Iguazú. Tras una acción de amparo presentada por la Asociación Orembaé, el juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardozo, dictó una orden tajante a la Administración de Parques Nacionales (APN).

​El magistrado otorgó un plazo de cinco días hábiles para que el organismo estatal presente un informe detallado y técnico sobre la autorización de los denominados "microeventos" en el área Cataratas. El requerimiento no es menor: la justicia busca determinar si estas actividades —que van desde eventos culturales hasta promociones turísticas— han puesto en riesgo la biodiversidad del área protegida.

​La decisión judicial no es un hecho aislado, sino que se apoya en los principios de prevención y precaución establecidos en la Ley General del Ambiente (N° 25.675) y el artículo 41 de la Constitución Nacional. Según el escrito judicial, la información que brinde la APN es considerada "relevante para la adecuada tutela del ambiente".

​¿Qué debe informar Parques Nacionales?

El juez Cardozo solicitó precisiones quirúrgicas sobre lo ocurrido en los últimos años:

• ​Detalle de los eventos: Fechas, duración, cantidad de asistentes y sectores específicos del parque utilizados.
• ​Documentación legal: Copias de las resoluciones, disposiciones o convenios que avalaron cada actividad.
• ​Impacto Ambiental: El punto más crítico. Se exige saber si existieron estudios técnicos previos, cuáles fueron sus conclusiones y qué medidas de mitigación se tomaron para proteger la flora y fauna local. 

​Este proceso busca transparentar el manejo de un Patrimonio Mundial de la Humanidad, asegurando que el uso público del Parque no colisione con su misión principal: la conservación estricta de la selva paranaense.