El escenario judicial suma un nuevo capítulo de alta tensión que golpea de cerca al círculo íntimo del Poder Ejecutivo. La Justicia federal formalizó la imputación contra Francisco Adorni, hermano del actual Jefe de Gabinete, en una causa que investiga presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.  

​La investigación, que ha generado un fuerte cimbronazo político, quedó bajo la órbita del fiscal Guillermo Marijuán. El proceso se disparó tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien puso el foco en la evolución patrimonial del ahora diputado bonaerense y exasesor del Ministerio de Defensa.  

​Los números que no cerrarían

​El eje central del expediente radica en el vertiginoso crecimiento de los bienes de Francisco Adorni. La lupa de la fiscalía se posa, principalmente, sobre dos movimientos financieros que despertaron sospechas:

​La cancelación, en apenas un año, de un crédito hipotecario millonario.  

​La adquisición de nuevos bienes de lujo y propiedades en un corto periodo de tiempo.  

​Ante estas inconsistencias, Marijuán no perdió tiempo y ordenó una batería de medidas tajantes. Entre ellas, solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado y requirió informes detallados a más de 30 organismos públicos y privados. La Justicia busca rastrear cada movimiento en cuentas bancarias, registros de propiedad, viajes al exterior y cualquier flujo financiero que pueda explicar el origen de los fondos.  

​Cercano, pero separado

​Desde los tribunales de Comodoro Py fueron enfáticos al aclarar el alcance de esta causa: la investigación se centra exclusivamente en el patrimonio de Francisco Adorni. Aunque el parentesco es ineludible, las fuentes judiciales remarcaron que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no forma parte de este expediente en particular, pese a que ya cuenta con otros frentes judiciales abiertos por distintos motivos.  

Por estas horas, la política bonaerense y el entorno de la Casa Rosada observan con cautela el avance de una causa que promete desandar el camino de una fortuna construida, según la denuncia, al calor de la función pública