A través de una medida publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional resolvió poner fin al régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de colectivos de larga distancia para cubrir el costo de los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y menores bajo tratamiento oncológico.

​La decisión quedó plasmada en la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, derogando de esta manera un esquema de reintegros parciales que se encontraba vigente desde el año 2018. Sin embargo, las autoridades nacionales hicieron especial hincapié en un punto clave: el derecho a viajar sin costo sigue plenamente vigente. Las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia tendrán la obligación de continuar emitiendo estos boletos gratuitos a los sectores alcanzados por las leyes vigentes, pero a partir de ahora deberán absorber la totalidad de los costos dentro de sus propias estructuras financieras, sin el auxilio de fondos públicos.

​Desde el área de Transporte argumentaron que este sistema de subsidios se había diseñado en una época de estricta regulación estatal sobre las tarifas y frecuencias del sector. En los considerandos de la medida se remarcó que, tras la desregulación implementada a fines del 2024, las compañías disponen actualmente de total autonomía para definir sus propios recorridos, frecuencias, horarios y los valores de sus tarifas de mercado.

A fin de evitar posibles incumplimientos o maniobras de rechazo de pasajes, la resolución encomendó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) un esquema de control estricto para garantizar que las empresas sigan otorgando el beneficio a los usuarios protegidos por la ley, bajo apercibimiento de severas sanciones en caso de irregularidades.