Dos vidas truncadas antes de tiempo volvieron a encender las alarmas en el país y a poner en primer plano la cara más cruel de la violencia de género. Los recientes hallazgos de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en la localidad misionera de Eldorado, y de Agostina Vega, de 14 años, en la provincia de Córdoba, generaron una profunda ola de indignación y renovaron el urgente reclamo de justicia y prevención.

​El caso de Dulce conmovió especialmente a la provincia de Misiones. Tras casi dos semanas de una desesperada búsqueda, la adolescente fue encontrada sin vida en una obra en construcción abandonada en el barrio El Tucán. Los resultados de la autopsia, que confirmaron el fallecimiento por asfixia mecánica, llevaron a las autoridades judiciales a volcar la investigación formalmente como un femicidio, desatando el dolor de una comunidad que exige respuestas inmediatas.

​La conmoción aún no se disipaba cuando, apenas veinticuatro horas más tarde, el horror se replicó en Córdoba. Allí, el cuerpo de Agostina Vega fue localizado luego de intensos operativos de rastrillaje. Su muerte, también investigada bajo la hipótesis de femicidio, provocó una masiva reacción social y el pedido generalizado de acompañamiento para su familia en este devastador momento.

​Estos dolorosos episodios se inscriben en un panorama estadístico alarmante que dio a conocer recientemente la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios, durante el año anterior se contabilizaron 200 víctimas directas en todo el territorio argentino, lo que equivale a la trágica realidad de un crimen cada 44 horas.

​A pesar de que el informe judicial refleja una baja del 12,4% en comparación con el período previo, el problema sigue mostrando un fuerte arraigo estructural. En ese mapa de la violencia, Misiones se ubica en una situación de extrema vulnerabilidad, liderando los índices nacionales con la tasa más alta del país: 1,77 víctimas por cada 100.000 mujeres. En tanto, la provincia de Córdoba sumó al menos diez casos fatales en el mismo lapso temporal.

Las muertes de Dulce y Agostina no son solo números en un reporte oficial representan proyectos rotos, familias destruidas y una deuda social y estatal que sigue costando vidas jóvenes en cada rincón de la Argentina.