​La desregulación del mercado yerbatero ha desatado una tormenta económica sin precedentes en Misiones, poniendo en jaque el sustento de miles de familias rurales. Tras la quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), las reglas del juego cambiaron drásticamente, y el impacto ya se siente con fuerza en el bolsillo de los eslabones más débiles de la cadena productiva.

​La voz de alarma llegó desde el propio Ministerio del Agro y la Producción de la provincia, desde donde se advirtió que un productor familiar puede llegar a perder cerca de 15 millones de pesos por cosecha debido al desplome en el valor de la hoja verde.

​La matemática de la crisis es alarmante: analistas del sector estiman que, si se mantuviera la relación cambiaria de finales del año pasado, el kilo de hoja verde debería rondar hoy los 742 pesos. Sin embargo, en la realidad de las chacras, los productores están percibiendo apenas unos 250 pesos por kilo. Esta brecha de casi 500 pesos por unidad significa que un colono mediano, que suele comercializar unos 30.000 kilos en su cosecha, deja de percibir alrededor de 14,7 millones de pesos.

​El problema deja de ser individual y pasa a ser provincial cuando se multiplica por los cerca de 10.000 pequeños productores de la región. El bache financiero global supera los 147 mil millones de pesos anuales, un dinero que ya no circula en los pueblos, afectando de manera directa al comercio local y a las economías regionales.

Desde la provincia se apunta contra los efectos del DNU 70, que desmanteló el histórico esquema de precios mínimos que el INYM garantizó durante más de dos décadas. Ahora, bajo la ley del libre mercado de oferta y demanda, los sectores productivos denuncian que la balanza se inclinó a favor de los grandes secaderos e industrias concentradas. Mientras tanto, en la Legislatura misionera se buscan alternativas políticas y legales para intentar devolverle al instituto agrario su rol regulador y frenar el drenaje de recursos en el sector más postergado del agro.