La decisión de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Piray, Claudia Felisa Posdeley, de decretar diez días de duelo por el fallecimiento del concejal opositor Remigio Smith generó un fuerte rechazo debido a las consecuencias que la medida tuvo sobre el funcionamiento institucional del cuerpo legislativo.

A través de la Resolución de Presidencia 01/2026, se estableció el duelo institucional. Sin embargo, la disposición derivó en la paralización de la actividad legislativa en un contexto en el que distintos sectores consideran que debía avanzarse con rapidez en la cobertura de la banca vacante para garantizar la representación ciudadana y el normal funcionamiento del Concejo.

Las críticas no provinieron únicamente del ámbito político. Familiares directos del concejal fallecido expresaron su desacuerdo con la extensión del duelo en los términos adoptados y solicitaron que se agilicen los mecanismos legales para la asunción del reemplazante. Según manifestaron, desean poder acompañar ese acto tanto por su significado institucional como por el valor humano y político que representa.

Ante la falta de respuestas, la concejal Antonia Elizabeth Mercado, integrante del bloque Juntos Podemos, también manifestó su preocupación por la prolongación de la inactividad legislativa. La edil sostuvo que la demora afecta la representación de los vecinos que eligieron a ese espacio político y advirtió además sobre una situación particular: familiares cercanos del concejal Smith residen a más de mil kilómetros de Puerto Piray, por lo que una demora excesiva podría impedirles participar del acto de asunción.

Desde distintos sectores consideran difícil justificar que, bajo el argumento del duelo institucional, se haya optado por suspender el funcionamiento del Concejo durante casi quince días hábiles, cuando la normativa vigente contempla mecanismos que permiten garantizar la continuidad institucional sin afectar el respeto y homenaje correspondientes.

En ese sentido, remarcan que honrar la memoria de un representante electo también implica asegurar que la voluntad popular expresada en las urnas continúe siendo respetada y representada dentro del cuerpo deliberativo.

La controversia abrió un debate sobre el equilibrio entre los gestos institucionales de reconocimiento y la necesidad de garantizar el funcionamiento pleno de las instituciones democráticas.

Mientras tanto, crecen los reclamos para que el Concejo Deliberante retome su actividad y avance con los procedimientos necesarios para cubrir la vacante, restableciendo así la representación completa de la comunidad de Puerto Piray.