En México, millones de familias enfrentan una realidad injusta y absurda: además de padecer una enfermedad, tienen que enfrentar el riesgo de perder su patrimonio para recuperar la salud. Algunas agotan sus ahorros, otras se endeudan y muchas más terminan en la pobreza. No por falta de trabajo o esfuerzo, sino porque el Estado ha dejado de garantizar atención médica oportuna y suficiente.
Octavio Gómez Dantés y Edson Serván Mori, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, publicaron recientemente en Nexos un extraordinario artículo titulado "El costo del retroceso sanitario". Sus hallazgos merecen mucho más que una lectura académica. Tendrían que provocar una discusión nacional sobre las consecuencias económicas del deterioro de nuestro sistema de salud.
Los datos son contundentes. En 2024, casi 6 millones de hogares mexicanos, equivalentes al 17 % del total nacional, enfrentaron gastos excesivos por motivos de salud, de acuerdo con las estimaciones anualizadas de un estudio en curso. Estos incluyen los llamados gastos catastróficos, que superan el 30 % de la capacidad de pago de una familia, y los empobrecedores, que reducen sus recursos hasta situarla por debajo de la línea de pobreza.
Detrás de estas cifras hay una realidad que difícilmente aparece en los discursos oficiales. Son familias que deben elegir entre comprar medicamentos o pagar la renta; entre realizarse un estudio médico o cubrir los gastos de alimentación. Personas que, aun teniendo derecho a recibir atención gratuita, terminan pagando por servicios que el sistema público no les proporciona.
Pero lo más revelador de la investigación es la perspectiva histórica.
Entre 2000 y 2016, México consiguió avances importantes en la ampliación de la cobertura de salud. La expansión del Seguro Popular permitió incorporar a millones de personas que carecían de seguridad social. No resolvió todos los problemas, pero contribuyó a disminuir las desigualdades en el acceso y la carga económica que las enfermedades imponían a las familias.
En 2004, casi el 59 % de los hogares carecía de aseguramiento en salud. Para 2018, esa proporción había descendido a poco más del 8 %. Fue un avance considerable, particularmente en los municipios con mayor rezago social.
Para 2024, los hogares sin aseguramiento habían aumentado al 31.4 %. El deterioro fue todavía más grave en los municipios con alto y muy alto rezago social, donde el porcentaje pasó de 6.2 % en 2018 a 62.7 % en 2024.
En apenas seis años se perdió una parte fundamental de lo que había tomado más de una década construir.
La investigación también demuestra que el debilitamiento de la cobertura sanitaria tiene consecuencias sobre las finanzas familiares. Mientras la incidencia de gastos excesivos en salud disminuyó entre 2000 y 2014, posteriormente comenzó a incrementarse. Para 2024 había regresado a niveles cercanos a los registrados a principios de siglo.
Es cierto que el deterioro comenzó antes de 2018 y que la pandemia agravó las dificultades. Pero también lo es que la desaparición del Seguro Popular, su sustitución por el INSABI y la posterior creación del IMSS-Bienestar no consiguieron evitar la pérdida de protección financiera documentada durante esos años.
Hay aquí una contradicción que no puede ignorarse: mientras el discurso gubernamental promete ampliar derechos sociales, millones de personas han perdido capacidad para ejercer uno de los más elementales, el derecho a la protección de la salud.
Cuando una familia tiene que destinar una parte creciente de sus ingresos a consultas, medicamentos o tratamientos, dispone de menos recursos para alimentación, educación, vivienda y ahorro. La enfermedad deja de ser exclusivamente un problema de salud y se convierte también en un factor de empobrecimiento.
Esto debería obligarnos a revisar la manera en que evaluamos el bienestar social. No basta con observar los ingresos monetarios de las familias o el número de personas que reciben transferencias gubernamentales. También debemos preguntarnos cuánto dinero tienen que gastar para obtener los servicios que deberían estar garantizados por sus derechos.
Una familia puede recibir más ingresos y, sin embargo, vivir peor si ahora debe pagar de su bolsillo la atención médica que antes recibía gratuitamente.
Más preocupante todavía es que este deterioro golpea con mayor fuerza a quienes menos tienen. La investigación muestra que los municipios históricamente más rezagados fueron también los más afectados por la pérdida de cobertura y el incremento de los gastos empobrecedores.
Es decir, la desigualdad no solo persiste: se reproduce a través del propio funcionamiento deficiente de los servicios públicos.
(Especial)
La lección es profundamente política. La salud pública no debe entenderse únicamente como un servicio asistencial, sino como una institución indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades y proteger la economía de las familias.
Por eso, reconstruir el sistema sanitario exige algo más que cambiar nombres, crear instituciones o anunciar nuevos programas. Requiere presupuesto suficiente, abasto efectivo de medicamentos, capacidad de atención, evaluación independiente y continuidad en las políticas públicas.
Sobre todo, exige entender que los derechos sociales no se garantizan mediante declaraciones constitucionales ni promesas gubernamentales, sino mediante instituciones capaces de hacerlos efectivos.
Un Estado que no protege la salud de sus ciudadanos termina trasladándoles el costo de su fracaso. Y cuando ese costo empobrece a millones de familias, no estamos solamente frente a una crisis sanitaria. Estamos frente a una regresión social.
La paradoja es inaceptable: en un país que presume combatir la pobreza, enfermarse se ha convertido nuevamente en una de las formas de caer en ella.♦