La situación de los inquilinos en Misiones atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. El retraso en el pago de los alquileres, que antes era excepcional, hoy se convirtió en una realidad extendida que afecta a familias, estudiantes y pequeños comerciantes por igual. La combinación de salarios que no acompañan la inflación, recesión económica y cambios en las reglas del mercado inmobiliario generó un escenario donde miles de hogares ya no logran sostener el monto mensual de sus alquileres.
Inmobiliarias de Posadas y localidades cercanas advierten una mora “inusualmente alta”, con casos de edificios completos donde la mayoría de los inquilinos cancelan sus obligaciones recién a fin de mes o incluso al mes siguiente. Este comportamiento, que hace algunos años era impensado, refleja el deterioro del poder adquisitivo y las prioridades urgentes que hoy tienen las familias: alimentación, deudas y gastos esenciales.
La oferta de propiedades en alquiler también cambió. Según operadores inmobiliarios, aumentó la disponibilidad de departamentos y casas, pero la demanda cayó abruptamente. Estudiantes que regresan a sus lugares de origen, familias que reducen metros cuadrados para abaratar costos y trabajadores que se trasladan a zonas más económicas son parte de una misma realidad: sostener un alquiler se volvió casi un lujo.
La derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/23 introdujo nuevas dinámicas en el mercado. Mientras algunos señalan que la desregulación facilitó acuerdos más flexibles y amplió la oferta, otros remarcan que muchos inquilinos quedaron desprotegidos ante actualizaciones más frecuentes y contratos más cortos. Pero entre los actores del sector hay un punto en común: la raíz del problema es económica, no normativa. Con ingresos estancados y paritarias que no cubren el desfasaje inflacionario, cada mes se vuelve más difícil.
Relevamientos privados muestran que más de la mitad de los inquilinos de la provincia acarrea alguna deuda vinculada al alquiler, y muchos atraviesan la situación sin contrato formal. Esto se traduce en consecuencias visibles: mudanzas forzadas, hacinamiento, jubilados retornando a hogares de familiares, madres jefas de hogar buscando alternativas más baratas y locales comerciales que vuelven a quedar vacíos.
El mercado inmobiliario misionero enfrenta, así, una crisis profunda marcada por la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo. El atraso generalizado en los pagos no solo es un síntoma, sino también una señal del desbordamiento económico que vive la provincia y que pone en riesgo la estabilidad habitacional de miles de personas.
