Un nuevo informe económico volvió a encender alarmas en todo el país al revelar que el Gobierno nacional mantiene retenidos miles de millones de pesos que deberían haber sido distribuidos entre las provincias. Según datos publicados por la consultora Politikón Chaco, durante los primeros once meses del año la Nación habría retenido cerca de $730 mil millones correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que por ley deben llegar a las jurisdicciones de manera equitativa.
Los ATN se conforman a partir de un porcentaje de impuestos que forman parte de la masa coparticipable y cuya finalidad es asistir financieramente a las provincias frente a desequilibrios temporales. Sin embargo, solo una parte de esos recursos —estimados originalmente en unos $850 mil millones— fue distribuida y alcanzó a apenas 15 distritos, generando cuestionamientos por la falta de criterios claros e iguales para todas las jurisdicciones.
Distintas voces del interior del país señalan que esta retención contribuye, de manera indirecta, al superávit fiscal que exhibe el Gobierno nacional desde diciembre de 2023. Al mismo tiempo, advierten que la utilización política de estos fondos podría estar influyendo en negociaciones legislativas clave, donde el Ejecutivo busca apoyo para la aprobación de proyectos centrales de su gestión.
Gobernadores y especialistas remarcan que el actual esquema de coparticipación federal —vigente desde hace tres décadas— presenta múltiples desequilibrios que se fueron profundizando con el paso del tiempo. En este contexto, la falta de actualización del régimen y la existencia de partidas discrecionales genera un escenario que perjudica especialmente a las provincias con mayor nivel de actividad económica, mientras que abre la puerta a prácticas de favoritismo político.
De cara a febrero, cuando el Gobierno planea presentar un nuevo proyecto de reforma impositiva, crece la expectativa por una propuesta que no solo alivie la carga tributaria sobre familias y empresas, sino que también avance hacia una distribución más justa, transparente y previsible de los recursos nacionales.
Mientras tanto, desde distintos sectores reclaman señales concretas que demuestren compromiso con el federalismo y con la corrección de las distorsiones actuales, pero sin descuidar la situación de las regiones menos desarrolladas, que dependen en gran parte de estos fondos para sostener servicios básicos y planificar políticas públicas.
