La explanada del Congreso de la Nación se convirtió este jueves en el escenario de un fuerte operativo policial que terminó con doce manifestantes de Greenpeace detenidos. Los activistas protestaban contra la inminente reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto impulsado por el oficialismo que genera una profunda grieta entre el desarrollo económico y la preservación ambiental.
La protesta tuvo un fuerte componente simbólico: los integrantes de la organización saltaron las rejas de seguridad e instalaron inodoros en las escalinatas del Palacio Legislativo, sentándose sobre ellos para denunciar lo que consideran un "desecho" de los recursos hídricos del país. Durante el desalojo, además de los activistas, fue demorado un camarógrafo que cubría los incidentes.
La actual Ley de Glaciares (vigente desde 2010) es una de las más estrictas del mundo: prohíbe cualquier actividad extractiva en zonas de glaciares y periglaciares. Sin embargo, el nuevo proyecto que busca aprobar el Senado propone flexibilizar estas restricciones.
Los puntos clave del conflicto son:
Para los impulsores de la reforma, se trata de una actualización necesaria para fomentar inversiones y empleo en las provincias cordilleranas. Para los ambientalistas, como Agostina Rossi Serra (especialista de Greenpeace), la medida es un "retroceso irreversible" que prioriza el negocio privado por sobre un derecho humano básico.
Mientras el Senado se prepara para debatir la iniciativa, la tensión en las calles refleja un conflicto que parece lejos de resolverse.
