Arce respaldó la iniciativa que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque puso el acento en que la aplicación de la ley deberá contemplar una mirada integral y recursos suficientes para su implementación en las provincias.
Durante su intervención, el legislador sostuvo que el nuevo régimen debe combinar responsabilidad penal con políticas de contención social y acompañamiento. Remarcó que no se trata solamente de sancionar, sino de generar herramientas que permitan reinsertar a los jóvenes en conflicto con la ley.
Además, planteó la necesidad de garantizar infraestructura adecuada y equipos interdisciplinarios para evitar que la norma quede solo en el plano declarativo.
La votación final reflejó posturas encontradas entre oficialismo y oposición. Mientras algunos sectores defendieron la reforma como una actualización necesaria del sistema penal, otros cuestionaron su impacto en derechos de adolescentes y la efectividad real de la medida.
Con la aprobación en el Senado, la ley quedó sancionada y ahora el desafío pasa por su reglamentación y puesta en marcha en cada jurisdicción.
