La investigación judicial en torno al patrimonio del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó un nuevo y llamativo capítulo administrativo. Adriana Nechevenko, la profesional notarial encargada de certificar las transacciones inmobiliarias del funcionario y de su cónyuge, Bettina Angeletti, concretó a fines de mayo su inscripción en el denominado Régimen Simplificado de Ganancias.
De acuerdo con las constancias de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el trámite de adhesión bajo la modalidad de "Ganancias Simplificadas" quedó registrado formalmente el pasado 22 de mayo.
La decisión de la actuaria genera fuertes repercusiones debido al contexto en el que se produce. Apenas un mes antes, Nechevenko debió comparecer ante los tribunales en calidad de testigo dentro de la causa penal que investiga al vocero presidencial por presunto enriquecimiento ilícito. En dicha declaración, la profesional ratificó que el matrimonio Adorni-Angeletti forma parte de su cartera habitual de clientes.
Sintonía fiscal en plena investigación
El aspecto que despierta mayor suspicacia entre los analistas del caso es la coincidencia temporal de los movimientos fiscales. La inscripción de la escribana se dio en paralelo a la determinación del propio jefe de Gabinete y de su esposa de acogerse al mismo esquema impositivo, amparados en la Ley de Inocencia Fiscal.
Bajo las reglas de este régimen optativo de Declaración Jurada, los contribuyentes quedan eximidos de la obligación regulatoria de desglosar minuciosamente sus consumos anuales, variaciones patrimoniales, gastos corrientes o el origen pormenorizado de los fondos. Precisamente, la evolución y el origen de ese patrimonio es el eje central de las pericias judiciales iniciadas a comienzos de este año.
Cabe recordar que, durante su declaración testimonial del pasado 8 de abril, Nechevenko deslindó responsabilidades respecto a la procedencia del dinero utilizado por el funcionario. En esa oportunidad, la profesional aclaró ante la Justicia que su intervención se limitó estrictamente a la certificación de los contratos de compraventa de las propiedades que el jefe de ministros posee en el barrio de Caballito (Capital Federal) y en el exclusivo country Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Con este nuevo movimiento ante el organismo recaudador, las miradas sobre el entorno administrativo del funcionario libertario vuelven a tensar el debate político y judicial.
