El debate por la política ambiental y los recursos económicos de la provincia sumó un capítulo de alta tensión. El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, salió al cruce de las críticas del diputado opositor Miguel Núñez, quien había tildado de "farsa" el programa provincial de bonos verdes. Visiblemente indignado, el titular de la cartera económica calificó los dichos del legislador como una "barrabasada" y aseguró que se está tergiversando una iniciativa que posiciona a la provincia a la vanguardia internacional.
Safrán argumentó que Misiones es la primera provincia del mundo en consolidar un programa jurisdiccional de este tipo (denominado JNR), el cual fue certificado recientemente por la firma internacional Verra. La clave del éxito, según el funcionario, radica en que la provincia logró demostrar con datos duros una drástica reducción en la tasa de desmonte: se pasó de deforestar 20.500 hectáreas anuales a apenas 5.400 entre 2017 y 2022. Este esfuerzo se tradujo en la validación de casi 11 millones de créditos de carbono, donde cada unidad representa una tonelada de dióxido de carbono que no se emitió a la atmósfera.
¿Qué pasa con los productores privados?
Uno de los puntos más calientes de la réplica oficial estuvo centrado en el rol de los colonos y propietarios de tierras. Frente a las versiones que indicaban que el sector privado quedaría al margen de los beneficios, Safrán fue tajante: el esquema está diseñado para que tanto el Estado como los particulares salgan ganando. Aquellos pequeños productores que posean selva nativa mapeada pueden inscribirse de forma gratuita en el programa para recibir su parte.
En cuanto al destino de los fondos —que comenzarán a ingresar una vez que se concreten las ventas de los activos—, el jefe de Hacienda detalló que el dinero no quedará en las arcas generales del Estado, sino que se dividirá bajo un estricto esquema de tres cuentas:
40% se destinará al Ministerio de Ecología para robustecer el equipamiento de los guardaparques y combatir con mayor fuerza la tala ilegal.
30% irá directo a los bolsillos de los propietarios privados adheridos que preservaron el monte.
30% restante se volcará a proyectos productivos sustentables orientados a mitigar la deforestación.
El millonario mercado que se viene
Respecto a la comercialización de los bonos, el ministro aclaró que se trabaja desde hace cinco años con la firma suiza Mercuria, encargada de adquirir el 80% de los créditos a valor de mercado. Las expectativas económicas son muy altas: mientras que en el mercado voluntario cada bono cotiza cerca de los 5 dólares, el Gobierno provincial ya inició gestiones ante la Cancillería Nacional para ingresar al mercado regulado. De lograrse este paso, el valor de cada crédito ambiental podría escalar a una franja de entre 30 y 50 dólares, lo que significaría una inyección de recursos inédita para el cuidado de la selva paranaense.
