El Ministerio de Ecología de Misiones dio marcha atrás y dejó sin efecto la creación del RePIA. La medida, que buscaba exponer a quienes incumplieran las normativas protectoras, había encendido las alarmas en el sector productivo y forestal de la provincia por presuntas fallas constitucionales y falta de seguridad jurídica.
En un giro inesperado que descomprime una semana de alta tensión política y corporativa, el ministro de Ecología, Martín Recamán, firmó la Resolución Nº 248/26. A través de este documento, se derogó formalmente la normativa dictada días atrás que daba nacimiento al Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA). Desde el organismo provincial argumentaron que el retroceso responde estrictamente a criterios de "oportunidad, mérito y conveniencia".
Sin embargo, el trasfondo de la marcha atrás deja al descubierto el enorme peso y el rechazo unánime que ejercieron las principales cámaras económicas de la región. Entidades de gran peso como la Confederación Económica de Misiones (CEM), AMAYADAP, APICOFOM y la Sociedad Rural de Misiones, entre otras, se habían plantado con firmeza contra la medida, alertando que un registro de estas características atentaba directo contra las inversiones y la previsibilidad económica en la tierra colorada.
El principal foco de conflicto radicaba en la letra chica del proyecto original. Según la impugnación administrativa que lideró el sector maderero, el RePIA permitía registrar a particulares y empresas con el solo hecho de tener un expediente en trámite, es decir, sin contar con una sanción firme ni el debido proceso legal concluido. Para los empresarios, esto rozaba la inconstitucionalidad, generaba un "clima de persecución" y abría la puerta a un escenario judicial complejo que amenazaba con escalar hasta la mismísima Corte Suprema de la Nación.
Con esta derogación exprés, el Gobierno provincial desactiva una bomba jurídica y busca reestablecer los canales de diálogo con el motor productivo local. No obstante, el debate de fondo queda abierto: cómo equilibrar la rigurosidad en el cuidado de la biodiversidad misionera sin alterar las reglas del juego para quienes generan empleo en la región.
