Organizaciones no gubernamentales, asociaciones de productores y espacios políticos manifestaron su rechazo al proyecto de modificación del régimen de tierras rurales que se debate a nivel nacional. Los distintos sectores expresaron su preocupación por el impacto que la iniciativa podría tener sobre la soberanía territorial, la producción local y el acceso a la tierra en provincias con características fronterizas como Misiones.
El planteo fue realizado a través de un documento conjunto, en el que las entidades solicitaron a los legisladores nacionales por Misiones que voten en contra de la propuesta. Según sostienen, una eventual flexibilización de la normativa vigente podría favorecer la concentración de tierras y facilitar la adquisición de inmuebles rurales por parte de capitales extranjeros.
Las organizaciones remarcaron que Misiones posee una ubicación estratégica por su condición de provincia fronteriza y consideraron que cualquier modificación a la legislación debe contemplar la protección del territorio y de los recursos naturales.
Además, señalaron que la iniciativa podría tener consecuencias para pequeños y medianos productores, quienes atraviesan un contexto económico complejo y dependen del acceso a la tierra para sostener sus actividades productivas.
En el documento difundido, los firmantes instaron a los senadores nacionales que representan a la provincia a rechazar el proyecto cuando sea tratado en el Congreso.
Los sectores que impulsan este posicionamiento sostienen que la normativa vigente constituye una herramienta para preservar el dominio nacional sobre las tierras rurales y evitar procesos de extranjerización que, a su entender, podrían afectar el desarrollo de las economías regionales y el control de áreas estratégicas.
El proyecto genera posiciones encontradas a nivel nacional y continúa siendo objeto de debate político. Mientras algunos sectores consideran que la iniciativa podría incentivar inversiones, quienes se oponen sostienen que es necesario mantener las restricciones actuales para resguardar la soberanía territorial y proteger a las comunidades rurales.
En ese contexto, organizaciones sociales, partidos políticos y entidades productivas de Misiones ratificaron su rechazo a la propuesta y reclamaron que cualquier modificación al régimen de tierras sea ampliamente debatida antes de avanzar con cambios legislativos.
