Buenos Aires — El sector de las pequeñas y medianas empresas argentinas volvió a alzar la voz en un reclamo desesperado: ya son 29.000 las PyMEs que cerraron en los últimos dos años, y sin medidas de contención inmediatas la cifra podría trepar a casi 70.000 en el corto plazo. Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), su presidente Diego Ojeda, advirtió que la situación actual del sector es aún más crítica que la vivida durante la pandemia de COVID-19, y exigió al Congreso y al Poder Ejecutivo la sanción de una Ley de Emergencia PyME que frene el desmantelamiento productivo.
El reclamo no es nuevo: ya en agosto de 2024, cuando se estimaba en 10.000 la cantidad de empresas cerradas, el sector se manifestó frente a la Casa Rosada y presentó un proyecto legislativo. Hoy, con la cifra casi triplicada, la situación se ha vuelto insostenible. "No visibilizamos ningún cambio en las políticas públicas de hoy en función de nuestro sector. Por eso pedimos la Ley de Emergencia PyME", afirmó Ojeda en declaraciones radiales. El dirigente detalló que el impacto fue en cadena: primero cayó la construcción por la paralización de la obra pública, luego los servicios y finalmente el sector textil, golpeado por la apertura de importaciones que desplace la producción nacional.
La comparación con la crisis sanitaria es contundente: "Estamos peor que en la pandemia. Los índices hoy son peores. En todo el gobierno de Alberto Fernández se perdieron 8.000 PyMEs y en esta gestión llevamos 29.000. Esto es tierra arrasada", sostuvo Ojeda. La ley de emergencia que impulsa el sector contempla medidas concretas: freno a embargos y cortes de servicios esenciales, moratoria fiscal amplia, acceso a créditos con tasas razonables —actualmente rondan el 40%— y una revisión urgente de la carga impositiva en un contexto donde el consumo se desploma por la pérdida de poder adquisitivo de las familias.
Lo que más preocupa es el futuro inmediato: según datos del relevamiento Radar PyME, el 9% de las empresas restantes está en riesgo inminente de cierre, lo que equivale a unas 40.000 PyMEs más que podrían desaparecer si no hay respuesta. Ojeda cuestionó que el tema no esté en la agenda legislativa ni del Ejecutivo: "Nos cerraron la Subsecretaría PyME, no hay intención a favor de las PyMEs". La crisis del sector productivo nacional se convierte así en una emergencia que exige definiciones políticas urgentes antes de que el tejido industrial y comercial del país quede irreparablemente destruido.
