Misiones ajusta su sistema ante el nuevo régimen
Misiones comenzó a profundizar los trabajos para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que entrará en vigencia en septiembre y establecerá un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes.
La cuestión fue analizada durante la 17ª sesión del Consejo Consultivo del Sistema Provincial de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro, realizada en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes.
El encuentro reunió a representantes de los tres poderes del Estado y de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de evaluar cómo deberá adecuarse el sistema provincial frente a los cambios que establece la nueva normativa.
Desde hace varios meses, Misiones desarrolla mesas temáticas e interinstitucionales junto al Poder Judicial para definir los procedimientos que se aplicarán a partir de septiembre.
El objetivo es establecer un esquema coordinado entre las distintas áreas involucradas y garantizar que la implementación del nuevo régimen cuente con protocolos claros de actuación.
La articulación incluye a organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de áreas vinculadas con seguridad, educación, salud, trabajo, deportes y prevención de adicciones.
La nueva normativa establece un sistema especializado para adolescentes y coloca a la educación y la resocialización entre sus principales objetivos.
En este marco, desde la Justicia misionera remarcaron que las medidas privativas de libertad deben tener carácter excepcional y estar debidamente fundamentadas.
La provincia también trabaja en protocolos destinados a acompañar el proceso de reinserción social de los jóvenes y fortalecer las herramientas de intervención interdisciplinaria.
La implementación del régimen implicará cambios en la forma en que intervienen los distintos organismos ante los delitos cometidos por adolescentes.
La Ley 27.801 establece un sistema penal juvenil especializado para jóvenes de entre 14 y 18 años, con procedimientos diferenciados y garantías específicas. También contempla sanciones progresivas y prioriza medidas orientadas a la educación y la reinserción, mientras que la privación de libertad queda reservada para determinados casos.
El trabajo anticipado apunta a que la provincia pueda contar con una estructura adecuada cuando la nueva normativa entre en vigencia.
La discusión no se limita al ámbito judicial: también requiere la participación de equipos profesionales y organismos capaces de abordar las distintas situaciones que puedan atravesar los adolescentes y sus familias.
De esta manera, Misiones busca consolidar un sistema que combine responsabilidad, garantías, prevención y resocialización, con una intervención coordinada entre las instituciones.
