EDITORIAL DEL DOMINGO
El Gobierno de Javier Milei comenzó a ajustar su estrategia de cara al escenario electoral de 2027, con una combinación de medidas económicas destinadas a impulsar la actividad y negociaciones políticas para ordenar el mapa de alianzas.
En las últimas semanas, la administración libertaria empezó a mostrar una mayor dosis de pragmatismo en materia económica. El objetivo es sostener el rumbo fiscal y, al mismo tiempo, generar señales que permitan mejorar el consumo y la actividad en sectores que todavía muestran dificultades.
Uno de los anuncios más relevantes fue la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de destinar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para facilitar el financiamiento de créditos hipotecarios.
La iniciativa busca generar fondos de largo plazo para que los bancos puedan ampliar la oferta de préstamos destinados a la compra de viviendas. Los créditos tendrían tasas con un límite de UVA más 7,5%.
La decisión aparece en un contexto en el que distintos sectores vinculados a la construcción y al consumo advierten sobre una recuperación todavía desigual.
Un informe mencionado por Ámbito señala que el 71,4% de empresas del sector de ferreterías registró menores ventas durante los últimos tres meses, mientras que el 61,4% aseguró operar por debajo de los niveles del año pasado.
Frente a este escenario, también surgieron versiones sobre la intención del Gobierno de impulsar un salario mínimo que supere el millón de pesos brutos. La estrategia permitiría mejorar el poder de compra sin abandonar completamente el esquema de contención de la inflación que sostiene la administración libertaria.
El giro genera debate incluso dentro de sectores cercanos al oficialismo, donde algunos economistas advierten sobre el riesgo de que las decisiones económicas comiencen a quedar condicionadas por el calendario electoral.
En paralelo, la Casa Rosada acelera las conversaciones políticas con el PRO y otros sectores con el objetivo de construir una estructura electoral competitiva para 2027.
El oficialismo busca evitar la dispersión del voto opositor al peronismo y analiza acuerdos con dirigentes territoriales. Sin embargo, el PRO reclama que cualquier alianza contemple el peso que sus dirigentes tienen en municipios y provincias donde ya cuentan con estructuras consolidadas.
Uno de los principales puntos de discusión es el futuro de las PASO. Mientras el Gobierno mantiene su intención de eliminarlas o suspenderlas, dirigentes del PRO consideran que las primarias pueden ser necesarias para ordenar las candidaturas en distintos distritos.
El senador misionero Martín Goerling Lara, por ejemplo, expresó públicamente su postura a favor de mantener las PASO, reflejando parte de las diferencias que todavía existen entre ambos espacios.
La discusión electoral no se limita a las cúpulas partidarias. Tanto en el oficialismo como en el PRO comienzan a ganar peso los dirigentes territoriales, que buscan tener participación directa en la definición de candidaturas y acuerdos.
El Gobierno también mantiene contactos con gobernadores en busca de ampliar su base política más allá del PRO, mientras analiza distintas alternativas dentro de la reforma electoral.
En el peronismo, el escenario presenta una dinámica similar: intendentes y dirigentes provinciales presionan para tener mayor protagonismo en la definición de las listas y en la estrategia electoral.
Así, mientras la Casa Rosada intenta preservar el equilibrio fiscal y mostrar señales de recuperación económica, la política empieza a ocupar un lugar cada vez más importante en la agenda del Gobierno.
Con 2027 todavía a más de un año de distancia, Milei enfrenta el desafío de sostener su principal bandera económica sin perder de vista una variable que ya comienza a pesar: el electorado y su percepción sobre la situación económica.
