












La Policía de Misiones completó la capacitación de sus efectivos en las 15 Unidades Regionales de la provincia para adecuar los procedimientos a las nuevas disposiciones del Régimen Penal Juvenil, que comenzó a regir este sábado.
El nuevo marco establece que los adolescentes de 14 a 17 años pueden ser investigados, juzgados y eventualmente sancionados por delitos, bajo un sistema específico que contempla penas graduales y medidas orientadas a la reinserción social.
El jefe de la Policía de Misiones, comisario general Sandro Martínez, explicó que los distintos comandos regionales ya mantuvieron reuniones con el fuero Correccional y de Menores para unificar criterios de actuación.
El objetivo es que, ante un procedimiento que involucre a un adolescente, la intervención policial se realice de manera coordinada con la Justicia y respetando las garantías previstas por la nueva normativa.
El nuevo régimen reemplaza al sistema que se encontraba vigente desde 1980 y establece diferentes respuestas según la gravedad del delito.
Entre las medidas previstas aparecen amonestaciones, restricciones de acercamiento, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño. Para los hechos de mayor gravedad también se contempla la privación de la libertad en establecimientos especializados y separados de los destinados a adultos.
La normativa también pone énfasis en la educación, el acompañamiento y la reinserción social, con la intención de evitar que los adolescentes ingresen al sistema penal de adultos.
Misiones cuenta además con Centros Modelo de Asistencia y Seguimiento (Ce.Mo.A.S.), destinados al abordaje y seguimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Estos espacios forman parte de la estrategia provincial para acompañar a los jóvenes y favorecer procesos de reinserción, de acuerdo con las medidas que determine la Justicia.
La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil representa un cambio importante para el sistema de justicia y seguridad. En este contexto, la capacitación de las fuerzas y la articulación con el Poder Judicial serán claves para garantizar una aplicación uniforme de la normativa en toda la provincia.