El gobernador Hugo Passalacqua dictó el Decreto N.º 1935, mediante el cual instruye al Fiscal de Estado a iniciar todas las acciones judiciales que correspondan para resguardar el territorio, los recursos naturales y los intereses de la provincia frente a la derogación de la Ley de Tierras Rurales N.º 26.737. La medida se produce tras el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la restricción a la compra de tierras por parte de extranjeros, y convierte a Misiones en la primera provincia en adoptar una decisión de este tipo.
El decreto habilita a la Fiscalía de Estado a actuar en cada caso y por todas las vías disponibles para defender los derechos del Estado provincial. En sus fundamentos, el Gobierno señala que Misiones presenta una condición única: más del 90% de su perímetro es frontera internacional, cuenta con una biodiversidad de relevancia nacional y su economía se sustenta en miles de pequeños productores familiares. Por ello, sostiene que la desprotección del suelo afecta directamente la soberanía, la seguridad y el desarrollo de la provincia.
La norma responde a la eliminación de la Ley de Tierras mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, confirmada por la Corte Suprema. Aunque el máximo tribunal aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de la medida, la decisión abrió la puerta a la adquisición de inmuebles rurales sin límites por parte de personas o entidades extranjeras. Ante este escenario, Passalacqua afirmó: "No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente".
La Fiscalía de Estado queda facultada para intervenir en cada operación, presentar recursos y defender el patrimonio territorial misionero ante cualquier instancia judicial. La medida confirma que la provincia no permanecerá expectante y que hará valer sus derechos en cada oportunidad que sea necesario.
