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EDITORIAL DEL DOMINGO
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Una ciudad del norte misionero se ubica entre las más costosas de Argentina para viajar en transporte público. Según un relevamiento nacional de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), Eldorado ocupa el cuarto puesto en el ranking de boletos urbanos más caros del país, con una tarifa mínima de $2.500 por viaje. Solo es superada por Pinamar, San Martín de los Andes y Pergamino.
La comparación con otras regiones del país es contundente: mientras en Eldorado el pasaje vale $2.500, en el Área Metropolitana de Buenos Aires las líneas de jurisdicción nacional mantienen un boleto de apenas $743. Es decir, los vecinos de Eldorado pagan más del triple que los usuarios del sistema metropolitano. Incluso por encima de ciudades mucho más grandes como Rosario y Córdoba, donde el pasaje cuesta $2.150.
El impacto en el bolsillo es directo y preocupante: una persona que viaja dos veces al día durante 22 días hábiles necesita $110.000 mensuales solo en pasajes. Si dos miembros de una familia utilizan el servicio, el gasto asciende a $220.000 por mes, una cifra que pesa cada vez más sobre los ingresos familiares.
El informe expone además una tendencia nacional que agrava la situación: los subsidios estatales al transporte cayeron un 37%, mientras que la tarifa que paga el usuario aumentó un 225% en términos reales. Esto explica por qué lo que antes cubría el Estado ahora recae casi por completo sobre quienes suben al colectivo: si en 2022 los pasajeros pagaban el 15% del costo del sistema, hoy esa participación llegó al 43%. Como consecuencia, cada vez menos personas pueden permitirse usarlo: solo en septiembre de 2026 se registró una caída del 10% en la cantidad de viajes respecto al año anterior.
En Eldorado, donde el colectivo es la única opción de movilidad para miles de trabajadores, estudiantes y jubilados, la pregunta que surge es inevitable: ¿hasta cuánto puede subir una tarifa esencial antes de dejar de ser accesible? El desafío de encontrar equilibrio entre costos y capacidad de pago ya no es solo económico: es una cuestión de derechos básicos.
