Opinión
La letra chica de la esperanza
Esta semana, Hugo Passalacqua envió a la Legislatura un proyecto para ampliar expresamente las facultades del Tribunal de Cuentas sobre las empresas y sociedades con participación estatal provincial y municipal. La iniciativa busca que esas estructuras queden comprendidas con mayor claridad dentro de los mecanismos de fiscalización de los recursos públicos.
Puede parecer una modificación técnica. Pero, en realidad, es una decisión de gobierno con un significado político mucho mayor que su contenido administrativo: aceptar que el ejercicio del poder necesita más controles de los que tenía hasta ese momento.
En una sociedad donde la desconfianza hacia la política se ha convertido en un problema estructural, proponer mayores controles sobre la administración de los recursos públicos tiene una dimensión institucional que merece ser analizada.
Sobre todo cuando la iniciativa surge del propio Poder Ejecutivo.
Hay una diferencia importante entre aceptar controles porque otros los imponen y tomar la iniciativa de fortalecerlos.
Passalacqua eligió presentar una propuesta que, de convertirse en ley, ampliará las herramientas de fiscalización del Tribunal de Cuentas. No crea un organismo nuevo ni reemplaza los mecanismos existentes. Busca precisar sus atribuciones sobre sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, empresas públicas y otras estructuras donde el Estado tiene capacidad predominante de decisión.
La reforma todavía necesita aprobación legislativa y, según el proyecto, entraría en vigencia el 1 de enero de 2027.
Por eso sería apresurado presentar sus resultados como si ya estuvieran conseguidos. La verdadera prueba llegará cuando esos controles comiencen a funcionar, las auditorías produzcan información y las responsabilidades puedan establecerse con claridad.
Pero la decisión de impulsar la reforma tiene valor político por sí misma.
Durante demasiado tiempo, una parte de la política argentina confundió la fortaleza de un gobierno con su capacidad para concentrar decisiones, reducir cuestionamientos y evitar que otros revisaran sus actos.
Bajo esa lógica, cualquier mecanismo adicional de control podía interpretarse como una concesión a los adversarios o una señal de debilidad.
Sin embargo, la fortaleza institucional puede medirse exactamente al revés: por la capacidad de quienes gobiernan para aceptar límites, someter sus decisiones al escrutinio público y explicar qué hacen con los recursos que administran.
Passalacqua expresó esta semana que los misioneros exigen mayor claridad, apertura y transparencia en el manejo del dinero público. Y agregó una definición sencilla: «Gobernar es también mostrar transparencia».
La frase importa, pero más importante será convertirla en una práctica permanente.
Porque la transparencia no consiste solamente en publicar cifras o exhibir expedientes. Significa que los ciudadanos puedan conocer cómo se utilizan sus impuestos, qué resultados producen las inversiones, quién toma las decisiones y qué responsabilidades existen cuando aparecen irregularidades.
También significa comprender que los recursos públicos no pertenecen a quienes circunstancialmente gobiernan. Son de la sociedad.
En ese sentido, ampliar los mecanismos de control puede convertirse en una oportunidad para mejorar la calidad institucional de Misiones, siempre que la reforma tenga aplicación efectiva y sus resultados sean accesibles.
En política, tomar la iniciativa también es una manera de asumir responsabilidades.
Y hay otra cuestión que conecta esta decisión con el resto de la agenda provincial: la transparencia permite discutir no solamente cómo se administra el dinero, sino también cuáles son las prioridades de quienes lo administran.
Porque un presupuesto puede estar perfectamente ordenado desde el punto de vista contable y, sin embargo, no responder adecuadamente a las necesidades de la sociedad.
La administración responsable de los recursos debe tener una finalidad que vaya más allá de cerrar las cuentas.
Debe servir para mejorar la vida de las personas.
Esa discusión conduce a otro aspecto de la gestión de Passalacqua que viene adquiriendo continuidad: las medidas destinadas a aliviar las dificultades económicas de las familias, los trabajadores, los productores y los comercios misioneros.
No se trata de una decisión aislada ni de un beneficio anunciado para una fecha determinada. Durante los últimos meses se acumularon iniciativas que permiten identificar una orientación de gobierno.
La reducción del límite de descuentos sobre los haberes de empleados públicos y jubilados, del 39% al 30%, busca preservar una mayor proporción de sus ingresos frente al endeudamiento. El establecimiento de un tope para las cuotas del IPRODHA apunta en una dirección semejante.
A eso se agregan las medidas de alivio fiscal para profesionales, actividades económicas y pequeñas empresas, la continuidad de los programas Ahora y los mecanismos de financiamiento del consumo.
Esta semana, por ejemplo, entró en vigencia Ahora Mamá, con seis cuotas sin interés y reintegros de hasta el 20% en comercios adheridos. Una herramienta que busca facilitar las compras familiares y, simultáneamente, sostener la actividad comercial.
Ninguna de estas decisiones puede compensar por sí sola la pérdida de poder adquisitivo, recuperar los empleos que desaparecieron o revertir una recesión nacional.
Sería poco serio atribuirles semejante capacidad.
Pero tienen un denominador común: intentan que las dificultades económicas no terminen absorbiendo todos los recursos disponibles de los hogares.
Y eso permite identificar una diferencia de prioridades con el Gobierno nacional.
Mientras Javier Milei sostiene un programa de ajuste fiscal que ha incluido reducción de subsidios, paralización de obras públicas y disminución de distintas transferencias nacionales, Misiones procura sostener instrumentos de alivio económico dentro de sus posibilidades presupuestarias.
El contraste no debería reducirse a una discusión entre gastar y ahorrar.
Ambos gobiernos necesitan administrar recursos limitados. La diferencia está en qué gastos consideran prioritarios, cómo distribuyen los costos del ajuste y qué instrumentos utilizan para acompañar a quienes atraviesan mayores dificultades.
En Misiones, el alivio económico empieza a perfilarse como una decisión recurrente de gobierno.
Y allí aparece una cuestión más profunda.
Cuando una familia consigue preservar una parte mayor de su salario, cuando un comerciante encuentra mejores condiciones para vender o cuando un productor recibe acompañamiento para sostener su actividad, no solamente obtiene un beneficio inmediato.
También puede recuperar algo que la crisis económica viene deteriorando: la posibilidad de planificar.
Poder pensar en el mes siguiente sin que todas las expectativas estén condicionadas por una deuda, una factura o la incertidumbre laboral.
Esa posibilidad, aunque todavía sea limitada, tiene una dimensión social que las estadísticas no siempre consiguen reflejar.
La agenda de esta semana también ofrece ejemplos de decisiones que no producen necesariamente un alivio económico inmediato, pero pueden contribuir a generar mejores condiciones para el futuro.
Passalacqua recibió al intendente electo de Encarnación, Sebastián Remezowski, para conversar sobre integración turística, comercial y cultural. En una provincia fronteriza, fortalecer las relaciones con Paraguay no es solamente un gesto diplomático. Puede abrir oportunidades para el comercio, el turismo, las inversiones y la circulación entre dos ciudades que comparten buena parte de su vida económica.
También se reunió con jóvenes empresarios de UNAJE Misiones, en un intercambio orientado a fortalecer vínculos y explorar oportunidades de desarrollo.
Por otra parte, el acompañamiento provincial a pequeños productores yerbateros y marcas emergentes en MATEAR apunta a un desafío central de la economía misionera: ayudar a quienes producen a encontrar mercados, construir identidad comercial y mejorar sus posibilidades de crecimiento.
Son iniciativas diferentes, pero tienen algo en común.
No parten de la idea de que el Estado debe reemplazar a los empresarios, comerciantes o productores. Buscan generar condiciones para que esos sectores puedan desarrollar sus propias actividades.
En esa misma orientación pueden leerse dos cambios recientes en la estructura provincial, que también permiten observar la impronta que el Movimiento por lo que Viene busca darle a esta etapa: nuevas responsabilidades, otros enfoques y una revisión de las prioridades de gestión.
Uno de ellos fue la salida de Roque Gervasoni de la presidencia del Instituto de Macroeconomía Circular (IMAC) y la decisión de colocar el organismo bajo la conducción del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.
El movimiento apunta a ordenar su funcionamiento, mejorar la articulación de las políticas productivas y hacer más eficiente la utilización de los recursos. No es solamente un reemplazo de funcionarios: supone revisar cómo trabaja un organismo que tiene responsabilidades importantes en el acompañamiento a los productores y la administración de los mercados concentradores.
El otro movimiento se produjo en el Parque Industrial, donde el cambio busca imprimir una mirada más abierta a la comunidad y al desarrollo de nuevos emprendimientos.
La orientación planteada apunta a facilitar el acercamiento de quienes quieran iniciar una actividad productiva, ampliar sus empresas o vincularse con oportunidades de mayor escala.
Son cambios que expresan la intención de renovar la gestión, pero cuya importancia no estará determinada por los nombres que llegan o se van, sino por los resultados.
Porque una nueva imagen política necesita algo más que caras diferentes: requiere nuevas prioridades, mayor eficiencia y capacidad para transformar los recursos existentes en oportunidades concretas.
Algo semejante ocurre con el Coop Bono Misionero, presentado esta semana para acompañar proyectos productivos de cooperativas escolares. La provincia cuenta con 98 entidades activas registradas y pretende ampliar ese universo.
Los estudiantes podrán reunir recursos para sus iniciativas mientras adquieren experiencias de administración, organización y comercialización.
No es solamente una cuestión de financiamiento escolar. También constituye una oportunidad para que los jóvenes aprendan a trabajar colectivamente, asumir responsabilidades y desarrollar proyectos propios.
En una época donde la incertidumbre económica suele empujar a los jóvenes a pensar que su futuro necesariamente estará lejos de Misiones, ofrecerles herramientas para producir y emprender tiene un significado que excede la actividad educativa.
Por supuesto, ningún programa escolar puede resolver los problemas estructurales del empleo juvenil.
Pero puede contribuir a formar capacidades que mañana resulten necesarias.
Y esa debería ser una preocupación permanente de cualquier gobierno: no limitarse a administrar las dificultades actuales, sino procurar que las próximas generaciones encuentren mejores oportunidades.
La otra dimensión de esta agenda aparece en las decisiones que tienen un impacto directo sobre necesidades esenciales.
La incorporación de ocho ambulancias adquiridas con fondos provinciales elevó de 154 a 162 las unidades operativas del sistema de traslados sanitarios de Misiones.
Tres son vehículos de alta complejidad y cinco están destinados a traslados simples, con distribución entre hospitales y municipios de diferentes regiones.
Detrás de esos números hay una cuestión elemental: en una provincia extensa, con localidades alejadas de los centros de mayor complejidad, disponer de una ambulancia puede modificar las posibilidades de recibir atención a tiempo.
También estuvo presente la respuesta provincial frente a la creciente del río y la necesidad de asistir a las familias afectadas.
Las emergencias no esperan que las cuentas públicas mejoren. Exigen capacidad de organización, recursos disponibles y coordinación entre organismos y municipios.
En Puerto Piray, la construcción compartida del polideportivo municipal ofrece otro ejemplo de articulación entre la Provincia y una administración local. En Pozo Azul, la entrega de títulos de propiedad coloca en primer plano una necesidad diferente: la seguridad jurídica de las familias sobre la tierra que habitan.
No son intervenciones equivalentes ni tienen la misma magnitud.
Pero muestran la diversidad de demandas que debe atender una administración provincial: salud, vivienda, producción, educación, infraestructura y asistencia social.
Ningún gobernador puede resolverlas todas. Y menos todavía en un contexto de restricciones económicas.
El desafío consiste en establecer prioridades, administrar responsablemente y evitar que la falta de recursos se convierta en una excusa permanente para dejar de actuar.
En este sentido, hay un problema que atraviesa hoy a buena parte de la sociedad argentina y que no siempre aparece suficientemente reflejado en los indicadores económicos.
Es el deterioro de las expectativas.
La sensación de que, por más esfuerzo que se haga, resulta cada vez más difícil progresar. Que trabajar no garantiza llegar a fin de mes, que estudiar no asegura encontrar empleo y que sostener un emprendimiento exige superar obstáculos crecientes.
Cuando esa percepción se instala, la política enfrenta un problema mucho más profundo que la pérdida de popularidad de un gobierno.
Enfrenta una sociedad que empieza a perder confianza en su propio futuro.
Y ningún posicionamiento electoral, ninguna encuesta favorable ni ninguna construcción de poder alcanza para resolver semejante problema.
La esperanza no se fabrica con propaganda ni puede sostenerse indefinidamente mediante discursos optimistas.
Necesita razones concretas.
Por eso tampoco corresponde presentar a Passalacqua como alguien que tiene todas las respuestas o que ya consiguió resolver las dificultades de Misiones.
La provincia sigue enfrentando problemas importantes: pérdida de empleos, dificultades productivas, endeudamiento familiar, restricciones presupuestarias y demandas sociales que exceden la capacidad de respuesta inmediata del Estado.
No está el cielo ganado.
Y sería un error político desconocerlo.
Pero también sería injusto colocar en el mismo plano a quien reconoce esas dificultades e intenta intervenir sobre ellas y a quien considera que el ajuste económico, por sí solo, terminará resolviendo los problemas sociales.
La diferencia debe buscarse en las decisiones, no en las declaraciones.
Ampliar controles sobre los recursos públicos. Reducir cargas económicas. Sostener herramientas de consumo. Acompañar productores. Fortalecer servicios sanitarios. Abrir oportunidades comerciales y ofrecer instrumentos de formación a los jóvenes.
Son hechos que pueden evaluarse, discutirse y mejorarse. No constituyen garantías de éxito ni sustituyen los resultados que todavía faltan.
Pero permiten reconocer una orientación.
En un tiempo donde la política parece demasiado concentrada en las próximas elecciones, quizás la pregunta más importante no sea quién consigue posicionarse mejor para 2027, sino quién está contribuyendo a que los misioneros puedan imaginar una vida mejor después de 2027.
Porque el poder no debería ser una finalidad en sí misma. Debería servir para construir condiciones que permitan a las personas vivir con mayor tranquilidad, desarrollar sus proyectos y recuperar la confianza en lo que viene.
Passalacqua tendrá que seguir demostrando que sus decisiones producen resultados. La transparencia deberá traducirse en controles efectivos. El alivio económico tendrá que sentirse en los hogares. Y las oportunidades anunciadas deberán convertirse en posibilidades reales de trabajo y desarrollo.
Esa es la exigencia que corresponde hacerle a cualquier gobernador.
Pero en un contexto de creciente desesperanza, donde tantas familias sienten que el futuro se les escapa de las manos, hay algo que merece ser considerado: la posibilidad de encontrar en el Gobierno provincial a alguien que no solamente reconoce sus dificultades, sino que procura ocuparse de ellas.
No es una cuestión de carisma, de imagen ni de posicionamiento electoral.
Son los hechos de Passalacqua, sus decisiones para aliviar el presente y su preocupación por construir mejores condiciones para mañana, los que pueden generar esperanza hacia el futuro.
No porque los problemas estén resueltos, sino porque, en medio de tanta desesperanza, hay un gobernador que demuestra que le preocupa lo que le pasa a la gente y que intenta ocuparse de ello.
