La crisis política y financiera que sacude a Paraguay sumó un nuevo capítulo. La Fiscalía amplió la acusación contra el expresidente Santiago Peña e incorporó el presunto delito de asociación criminal en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank, una entidad financiera cuyo colapso desató un escándalo de enormes dimensiones en el país.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, Peña habría encabezado una estructura organizada dentro del propio aparato estatal que tenía como supuesto objetivo favorecer los intereses del Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank, y limitar la actuación de los organismos encargados de controlar el sistema financiero.
La nueva imputación también alcanza al ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y a otros exintegrantes del directorio de la autoridad monetaria.
Las sospechas apuntan al funcionamiento de una estructura dentro del Estado
Según los investigadores, los funcionarios involucrados habrían utilizado sus posiciones institucionales para beneficiar al conglomerado empresarial relacionado con Ueno Bank. La Fiscalía sostiene que existía una distribución de funciones y que distintas decisiones habrían contribuido a evitar controles y medidas correctivas frente a las irregularidades detectadas.
Entre los elementos que forman parte de la investigación aparecen los vínculos empresariales que Peña habría mantenido con el grupo económico, su participación accionaria previa y la posterior designación de antiguos directivos de Ueno en puestos estratégicos del Banco Central.
La acusación también menciona presuntas reuniones entre referentes políticos y empresariales, además de supuestas maniobras para evitar que las alertas sobre la situación financiera de la entidad derivaran en una intervención anticipada.
Un escándalo que golpea a las instituciones paraguayas
El caso Ueno Bank provocó una fuerte conmoción en Paraguay, tanto por sus consecuencias económicas como por las derivaciones políticas y judiciales.
La intervención de la entidad, dispuesta por el Banco Central ante problemas de solvencia, abrió una investigación sobre el manejo de la institución, sus relaciones con el poder político y el destino de importantes recursos financieros.
La causa ya involucra a varios exfuncionarios y antiguos responsables del sistema de supervisión bancaria. La Fiscalía considera que las conductas investigadas podrían configurar distintos delitos, entre ellos asociación criminal, lesión de confianza y administración en provecho propio.
La ampliación de la acusación representa un nuevo capítulo en uno de los mayores escándalos institucionales que atraviesa Paraguay y mantiene bajo la lupa los vínculos entre el poder político, los organismos de control y los grandes grupos económicos.
Por el momento, se trata de acusaciones e hipótesis sostenidas por el Ministerio Público que deberán ser examinadas en el ámbito judicial. La responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse mediante el correspondiente proceso y las garantías legales.
