Ley de Lemas en Posadas: cuestionan la reforma electoral y advierten sobre costos, tiempos y posibles beneficios políticos

Hace 17 minutos Provinciales

El proyecto de ordenanza que busca eliminar la Ley de Lemas en la ciudad de Posadas abrió un nuevo debate político. A las discusiones sobre el sistema de elección de intendente y concejales se suman cuestionamientos vinculados con la legalidad de la iniciativa, el momento elegido para impulsarla, los recursos económicos que demandaría su implementación y las consecuencias que podría tener para la competencia interna de los partidos políticos.

Uno de los principales antecedentes que se pone sobre la mesa se remonta a 2005, cuando el Concejo Deliberante de Posadas aprobó una ordenanza que proponía derogar la Ley de Lemas en el ámbito municipal e implementar un Código Electoral propio, con el sistema de boleta única. Sin embargo, aquella iniciativa no llegó a aplicarse, luego de que la Justicia Electoral de Misiones objetara la competencia del cuerpo deliberativo para establecer modificaciones en materia electoral, al considerar que esa atribución correspondía a la Cámara de Representantes de la provincia.

A partir de ese antecedente, surgen dudas sobre la viabilidad jurídica del nuevo proyecto. Quienes cuestionan la propuesta sostienen que podría encontrar obstáculos similares ante la Justicia Electoral y advierten que todavía existen interrogantes sobre la posibilidad de que una ordenanza municipal modifique el mecanismo electoral vigente.

El momento de la reforma también genera controversia

Otro de los puntos cuestionados es el calendario político. La iniciativa aparece cuando distintos sectores y dirigentes ya comenzaron a posicionarse de cara a las próximas elecciones municipales y provinciales.

Desde esta perspectiva, modificar las reglas electorales a pocos meses de una elección podría generar condiciones desiguales entre los espacios políticos. El planteo es que una reforma de esta magnitud debería discutirse y aprobarse con mayor anticipación, para que todos los partidos puedan organizarse bajo las mismas condiciones.

En ese sentido, una de las alternativas propuestas es que cualquier modificación comience a regir recién en las elecciones generales municipales de 2029, evitando alterar el escenario electoral inmediato.

También aparecen interrogantes sobre las motivaciones políticas detrás del proyecto y sobre por qué la discusión no se impulsó durante la primera parte de 2026, cuando todavía no se había instalado con tanta fuerza la carrera por la intendencia.

Cuatro candidatos por partido y una nueva dinámica electoral

Entre los aspectos que trascendieron sobre la iniciativa figura la posibilidad de que cada partido político pueda presentar hasta cuatro candidatos a intendente, aunque sin aplicar el mecanismo de acumulación de votos característico de la Ley de Lemas.

Esta modalidad plantea nuevos interrogantes sobre el funcionamiento de los espacios políticos. Si los votos de los distintos candidatos no se suman para definir al ganador, los partidos deberán evaluar cuidadosamente cómo organizar sus candidaturas para evitar una fragmentación que termine favoreciendo a sus adversarios.

La discusión también alcanza a la vida interna de las agrupaciones políticas y a la manera en que se definirán los postulantes que competirán por la intendencia.

El costo de crear un Tribunal Electoral Municipal

Uno de los cuestionamientos más importantes está relacionado con el financiamiento de la reforma. La implementación de un Código Electoral propio requeriría, según los planteos críticos, la conformación de una estructura administrativa y electoral con autoridades, empleados, oficinas, equipamiento tecnológico y sistemas informáticos.

Hasta el momento, uno de los interrogantes planteados es cuánto dinero demandaría poner en funcionamiento ese organismo y de qué partida presupuestaria saldrían los recursos.

La preocupación se profundiza por el contexto económico y por los cuestionamientos que existen sobre el costo de funcionamiento del Concejo Deliberante posadeño. Quienes se oponen a sumar una nueva estructura sostienen que no deberían utilizarse fondos destinados a servicios esenciales como el bacheo, la recolección de residuos y la semaforización.

Incluso, proponen que, si finalmente se aprueba el nuevo Código Electoral, su financiamiento salga de ahorros y recortes realizados dentro del propio Concejo Deliberante, sin afectar otras áreas municipales.

¿Llegaría a implementarse para las elecciones de 2027?

Los plazos administrativos y judiciales representan otro desafío. Aun suponiendo que la ordenanza sea aprobada, promulgada y supere los eventuales cuestionamientos judiciales, todavía quedaría pendiente la conformación del Tribunal Electoral Municipal.

Ese proceso requeriría convocatorias, concursos y designaciones, etapas que podrían extenderse durante varios meses.

La preocupación es que, si las elecciones provinciales se realizan en mayo o junio de 2027, como se viene mencionando desde distintos sectores, los tiempos podrían resultar insuficientes para que la reforma esté operativa.

Una de las posibilidades que se plantea es que Posadas convoque a sus elecciones municipales en una fecha diferente a la provincial, eventualmente coincidiendo con las elecciones nacionales de octubre. Sin embargo, esto abriría otra discusión política e institucional.

Las internas partidarias y el riesgo de limitar la participación

Finalmente, otro aspecto que genera debate es cómo se elegirían los candidatos a intendente dentro de cada partido o frente electoral si desaparece el actual sistema de Lemas.

Una de las alternativas sería recurrir a elecciones internas para definir las candidaturas. Esto implicaría que los dirigentes deban afrontar primero los costos de una competencia interna y, en caso de ganar, financiar posteriormente la campaña electoral general.

Desde una mirada crítica, se advierte que este esquema podría representar una barrera económica para los militantes y dirigentes que no cuentan con grandes recursos financieros o estructuras políticas consolidadas.

La preocupación es que la competencia termine favoreciendo a los sectores con mayor capacidad económica y estructuras partidarias tradicionales, reduciendo las oportunidades de participación de dirigentes provenientes de sectores populares o de espacios con menos recursos.

Una discusión que va más allá de eliminar la Ley de Lemas

El debate sobre el nuevo Código Electoral de Posadas no se limita a decidir si se mantiene o se elimina la Ley de Lemas. También involucra cuestiones institucionales, presupuestarias, jurídicas y de representación política.

La reforma plantea interrogantes sobre quién tiene la facultad de modificar el sistema electoral, cuándo deberían aplicarse los cambios, cuánto costaría ponerlos en marcha y qué consecuencias tendrían para los partidos y los ciudadanos.

La discusión, por lo tanto, exige información pública, transparencia y un análisis profundo antes de avanzar con una modificación que podría cambiar las reglas de la competencia política en la capital misionera.

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