Más impuestos en la yerba: el INYM sube la estampilla y expone una fuerte contradicción libertaria

El inicio de la gestión de Rodrigo Correa al frente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no pasó desapercibido y ya genera ruido dentro y fuera del sector. En su primera reunión como presidente del organismo, el dirigente vinculado a La Libertad Avanza impulsó un aumento del 28% en la tasa de fiscalización por kilo de yerba mate, conocida como “estampilla”, que pasará de 25 a 32,12 pesos.

La decisión representa un mayor costo directo para toda la cadena productiva: más de 7 pesos adicionales por kilo y más de 7.000 pesos extra por tonelada, en un contexto marcado por la crisis del sector yerbatero, con precios en caída y protestas sostenidas de productores y tareferos.

La medida fue definida el jueves 18 de diciembre durante la reunión de Directorio, la primera encabezada por Correa tras haber sido designado oficialmente el 11 de diciembre mediante decreto nacional. Ahora, el aumento deberá ser evaluado por la Secretaría de Agricultura de la Nación, que tendrá la última palabra sobre su aplicación.

Desde el INYM argumentan que la estampilla se encontraba congelada desde septiembre de 2023 y que los costos operativos del organismo se incrementaron. Sin embargo, el trasfondo político no pasa inadvertido: el mismo espacio que impulsó la desregulación del mercado yerbatero y le quitó al Instituto la potestad de fijar precios mínimos ahora refuerza su esquema de recaudación.

La contradicción se vuelve más evidente si se tiene en cuenta que, paralelamente, el Directorio avanzó en la proyección de un presupuesto cercano a los 8.500 millones de pesos para el año próximo. Un volumen de recursos significativo para un organismo que hoy carece de herramientas clave para intervenir en el mercado y proteger a los productores.

El contraste con el discurso del Gobierno nacional es directo. Desde el Ministerio de Desregulación se había planteado como objetivo reducir tributos y vaciar de regulaciones al sector, incluso anunciando la futura eliminación de la estampilla. Sin embargo, lejos de desaparecer, el tributo no solo se mantiene sino que aumenta.

Todo ocurre en un escenario complejo: el precio de la hoja verde sufrió una caída superior al 50% tras la desregulación, los productores sostienen un paro de varios meses, los tareferos denuncian pagos atrasados y el consumo interno registra una baja cercana al 9% interanual, según cifras oficiales.

Con estas decisiones, la gestión de Correa comienza bajo fuertes cuestionamientos. El debate ya no gira solo en torno a cuánto recauda el INYM, sino al rol real que cumple un organismo con menos funciones, más recursos y un sector productivo que sigue sin respuestas concretas.