Denunciaron a siete pesqueras por operar en el Mar Argentino con licencias británicas desde Malvinas

Una nueva denuncia judicial puso bajo la lupa a siete empresas pesqueras internacionales que operan en el Atlántico Sur con autorizaciones otorgadas por autoridades británicas de las Islas Malvinas.

La presentación fue realizada ante la Justicia Federal en lo Penal Económico por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano. Los denunciantes sostienen que las actividades de estas compañías podrían afectar la soberanía argentina, el control aduanero y los recursos naturales de la Plataforma Continental y de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

El expediente quedó radicado en el Juzgado en lo Penal Económico N.º 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway.

La denuncia apunta a siete empresas

Entre las compañías mencionadas aparecen firmas de origen español, principalmente de Galicia, que mantienen vínculos comerciales con sociedades mixtas radicadas en las Islas Malvinas.

La presentación alcanza a Lanzal, vinculada con Petrel Fishing Company Grupo Pereira, asociada a Argos Group Pescapuerta y Copemar, relacionadas con South Atlantic Squid Ferralmes, vinculada a Castelo Fishing Co. Hermanos Touza, asociada con Beaufort Fishing y Moradiña, relacionada con Polar Ltd.

Según los denunciantes, estas empresas desarrollan actividades pesqueras mediante licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas, permisos que consideran ilegítimos desde la perspectiva del Estado argentino.

Acusan a las empresas de posible contrabando

Uno de los principales planteos de la denuncia es que las compañías podrían estar extrayendo recursos pesqueros de áreas que Argentina considera bajo su jurisdicción y posteriormente realizando exportaciones, transbordos en alta mar o descargas en Puerto Argentino o en puertos de terceros países sin someterse a los controles de la Aduana argentina.

Los abogados sostienen que esta operatoria podría configurar delitos vinculados con la evasión del control aduanero y la exportación clandestina.

La presentación invoca distintos artículos del Código Aduanero y plantea que el uso de licencias británicas permitiría evitar la intervención de los organismos argentinos y, eventualmente, el pago de derechos de exportación y otras obligaciones.

De todos modos, se trata de una denuncia y de hipótesis que deberán ser investigadas. Será la Justicia la que determine si existieron delitos y si corresponde establecer responsabilidades penales.

Pidieron investigar posibles omisiones de funcionarios

La presentación judicial también solicita determinar si pudieron existir eventuales incumplimientos de funcionarios argentinos relacionados con las tareas de vigilancia, patrullaje y control de las actividades pesqueras en el Atlántico Sur.

Los denunciantes plantearon que debería analizarse si existieron controles suficientes sobre las embarcaciones señaladas y si correspondía avanzar con sanciones, reclamos de derechos aduaneros o multas.

Para profundizar la investigación, solicitaron información a distintos organismos nacionales.

Entre ellos se encuentran la Prefectura Naval Argentina y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), a los que se les pidió información sobre avistamientos e identificación de buques vinculados con las empresas denunciadas.

También solicitaron datos a la Dirección General de Aduanas para determinar si las compañías realizaron operaciones de exportación o abonaron los derechos correspondientes, y a la Inspección General de Justicia para conocer posibles vínculos societarios, filiales y activos de estas empresas en el territorio continental argentino.

El conflicto por los recursos de Malvinas vuelve al centro de la escena

La denuncia contra las pesqueras se produce en un contexto de creciente tensión en torno a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus áreas marítimas.

La presentación se suma a las investigaciones relacionadas con empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en el área de las islas. El Gobierno argentino también analiza medidas para ampliar las sanciones frente a compañías que desarrollen actividades vinculadas con recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina.

En el caso de la pesca, Argentina cuenta además con herramientas legales que permiten establecer restricciones y sanciones para empresas vinculadas con operadores que desarrollen actividades pesqueras sin autorización nacional.

Ahora, la Justicia deberá determinar el alcance de la denuncia, verificar las operaciones señaladas y establecer si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación penal contra las empresas y sus responsables.