La abogada Micaela Gacek presentó una denuncia penal federal contra el dirigente Héctor “Cacho” Bárbaro, acusándolo de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y uso indebido de fondos federales. La presentación judicial apunta a un presunto esquema de desvío de recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) y de otorgamiento irregular de pensiones no contributivas, utilizados con fines político-partidarios en beneficio del Partido Agrario y Social (Pays).
Según la denuncia, de 40 páginas, la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM) funcionaba como eje central de estas maniobras. Gacek indicó que en agosto del año pasado, ACTIM recibió más de $1.145 millones del FET, sin que exista información pública clara sobre su destino. La abogada solicitó que se investigue a fondo el uso de estos fondos y se sancione penalmente a los responsables.
Además de Bárbaro, la denuncia incluye a otros presuntos integrantes de la asociación ilícita: el intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring Valtierra Dos Santos Nilson Brettin y las diputadas provinciales Elisa Goring y Blanca Alvez. Según Gacek, las diputadas ya habían sido denunciadas por percibir pensiones por invalidez mientras ejercían cargos públicos, lo que también se incorporó al caso como parte del presunto fraude al Estado.
Entre las pruebas presentadas se incluyen testimonios con nombre y apellido de personas que formaron parte del “núcleo duro” del entorno de Bárbaro, detallando desmanejos internos en ACTIM y señalando que la oficina de la asociación “funcionaba como una extensión de la ANSES”, facilitando el acceso discrecional a pensiones no contributivas.
“Estamos hablando de más de mil millones que deberían haber llegado a los productores y no se ven por ningún lado. La plata desapareció en plena campaña electoral. Esto no es una sospecha: hay pruebas, nombres, documentos y testigos que lo confirman”, afirmó Gacek, quien aseguró que la estructura delictiva tenía fines políticos y electorales.
A pesar de los ataques recibidos tras hacer pública la denuncia, la abogada reafirmó su compromiso con la transparencia: “No me van a correr con intimidaciones. Si queremos una política distinta, hay que animarse a decir la verdad. Esta denuncia no es una bandera de campaña: es un compromiso con la Justicia y con los misioneros que merecen saber qué hicieron con sus recursos”, concluyó.
