Un nuevo episodio de aprovechamiento forestal ilegal fue detectado esta semana en el Parque Provincial Piñalito Sur, ubicado en el municipio de San Pedro, lo que vuelve a poner en evidencia la expansión silenciosa de la deforestación dentro de zonas naturales protegidas en Misiones.
De acuerdo con fuentes oficiales del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, se constató la presencia de sectores con evidencias de extracción selectiva de especies nativas. Aunque no se precisó el tipo de árboles talados, técnicos y guardaparques advirtieron que el volumen de madera hallado indicaría una operación planificada y de gran escala.
Según trascendió, la maniobra habría requerido varios días de trabajo, maquinaria pesada, camiones y personal especializado, lo que refuerza la hipótesis de que detrás de estos delitos actúan organizaciones con logística, planificación y vínculos comerciales informales.
Vecinos y trabajadores del área señalaron que la falta de recursos, personal y equipamiento en los puestos de control vuelve muy difícil prevenir este tipo de delitos. “No hay combustible ni vehículos suficientes para recorrer los parques, y eso genera una sensación de impunidad”, comentó una fuente cercana al cuerpo de guardaparques.
El Parque Provincial Piñalito Sur, con más de 3.800 hectáreas de selva paranaense, es una de las áreas de mayor valor ecológico de la provincia, clasificada como Zona Roja dentro del ordenamiento territorial, donde está totalmente prohibida la extracción de madera nativa. El área forma parte de un importante corredor de biodiversidad que conecta con otras reservas públicas y privadas de la región.
Pese a su relevancia ambiental, el parque cuenta con solo tres agentes asignados en rotación, lo que dificulta el patrullaje constante. A comienzos de este año, ya se había registrado otro hecho de tala ilegal en la misma zona, que derivó en un sumario administrativo sin resultados difundidos públicamente.
Desde Ecología informaron que se presentó una denuncia formal ante la Policía de Misiones y se inició un expediente por violación de las leyes provinciales de Áreas Naturales Protegidas y de Bosques. No obstante, organizaciones ambientales volvieron a cuestionar la eficacia de los operativos y la ausencia de controles preventivos.
Especialistas en conservación advirtieron que la extracción selectiva —cuando solo se talan los ejemplares de mayor valor comercial— no siempre deja claros visibles, lo que dificulta su detección mediante imágenes satelitales. Sin embargo, remarcan que un sistema de fiscalización sostenido y trazabilidad real de la madera podría reducir significativamente estos delitos.
El caso reaviva el debate sobre la capacidad del Estado para proteger sus áreas naturales frente al avance del negocio ilegal de la madera, que sigue presionando a uno de los últimos refugios de la Selva Misionera.
