El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 dispuso este miércoles una medida de fuerte impacto político y judicial: el decomiso de bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, a Lázaro Báez y a otros condenados en la denominada Causa Vialidad. La orden llega después de que se venciera el plazo otorgado para que los imputados depositaran de forma solidaria el monto fijado en la sentencia.

Según estableció el Tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el valor patrimonial que se busca recuperar asciende a $684.990.350.139,86, monto que surge de la tasación actualizada del perjuicio económico determinado en la causa.

Qué implica la decisión judicial

La resolución instruye a avanzar con el decomiso de los bienes vinculados a los condenados, una medida que —según destacó el Tribunal— responde al principio de que ningún delito debe generar beneficios económicos para quienes lo cometen. Además, señalaron que la recuperación de activos cumple una función reparadora frente al daño social ocasionado por los hechos investigados.

Entre los alcanzados por la medida, además de la expresidenta y Báez, figuran Máximo y Florencia Kirchner —en calidad de herederos— y otros exfuncionarios: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

Qué bienes serán decomisados

La decisión abarca inmuebles adquiridos entre 2003 y 2015, período en el que se desarrolló la maniobra delictiva según la investigación judicial. En el caso de la familia Kirchner, el decomiso incluye 20 propiedades, de las cuales solo una figura a nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Las restantes pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner por haberlas recibido como herencia.

Para Lázaro Báez, el impacto es aún mayor: el empresario santacruceño perderá más de 80 propiedades, además de activos vinculados a las empresas que formaron parte del esquema investigado, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hermanos y Loscalzo y Del Curto.

Por qué se ejecuta ahora

El fiscal Diego Luciani había solicitado semanas atrás que se efectivice el decomiso de manera inmediata, al considerar firme la sentencia y vencido el plazo dado para cumplir con el pago del monto establecido. “Lo único que hay que hacer es ejecutar”, había señalado públicamente.

Con esta resolución, el Tribunal habilita el proceso formal para avanzar sobre los bienes, que incluirá tasaciones detalladas y los procedimientos necesarios para su eventual liquidación.