La caída simultánea del empleo, el consumo y la producción en todo el país volvió a encender las alarmas entre gobernadores, sectores productivos y trabajadores. Desde distintos puntos de la Argentina advierten que, cuando todos los indicadores se deterioran al mismo tiempo, no puede atribuirse la responsabilidad a cada provincia de manera aislada. La explicación —señalan— está en la política macroeconómica que impulsa el Gobierno nacional desde hace casi dos años.

Los números que muestran el INDEC, organismos provinciales y cámaras empresarias coinciden: más desempleo, salarios que pierden poder adquisitivo, endeudamiento creciente de las familias, comercios al borde del cierre y economías regionales sin capacidad de sostener su nivel histórico de producción. A diferencia de lo que prometía el programa económico oficial, lejos de ordenarse la economía, se profundizó el ajuste sobre los sectores medios, los jubilados y los trabajadores formales e informales.

Misiones, un ejemplo de la crisis productiva

​​En la tierra colorada la situación se siente con especial fuerza. Sectores clave como el yerbatero, el té, la forestoindustria, el tabaco y la mandioca atraviesan una etapa considerada por muchos como la más dura de las últimas décadas.

La desregulación del mercado yerbatero y la paralización del INYM dejaron a miles de pequeños productores sin un precio claro ni herramientas para discutir con una industria cada vez más concentrada. El valor que reciben por la hoja verde cayó drásticamente en términos reales, al punto de que muchos chacareros no saben si podrán continuar la próxima campaña.

En el comercio, el panorama no es mejor. Grandes cadenas aplican retiros “voluntarios”, pagan salarios en partes y reducen personal. Comercios tradicionales buscan sobrevivir como pueden, en un contexto donde el consumo se desplomó, el crédito es inaccesible y los productos importados compiten en condiciones desiguales.

Endeudamiento récord y pérdida de poder adquisitivo

​​A nivel país, el uso de la tarjeta de crédito para comprar alimentos se volvió una práctica habitual entre familias que ya no llegan a fin de mes. Las tasas elevadas y la inflación creciente empujan a muchos hogares al límite. El salario mínimo, medido en dólares, es hoy uno de los más bajos de la región, retrocediendo incluso por debajo de períodos críticos de la historia argentina.

El permanente incremento del combustible agrava la situación: encarece el transporte, sube todos los costos logísticos y achica aún más los presupuestos familiares. Cargar un tanque completo pasó a ser un lujo, y muchos automovilistas reducen viajes, cambian a combustibles más baratos o simplemente dejan el auto en casa.

Los jubilados, afectados por la caída de sus ingresos reales, comparan la situación actual con los años más duros de los ‘90: vuelven a recortar medicamentos, a pedir ayuda a familiares y a sostener gastos básicos con enormes dificultades.

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El Gobierno nacional bajo la lupa

En este contexto, crecen las críticas hacia la gestión nacional. Dirigentes de distintos espacios coinciden en que ya no alcanza con atribuir todos los problemas a la "herencia". Tras casi dos años de gestión y con la instancia electoral de medio término superada, argumentan que es momento de mostrar resultados y no de continuar justificando la falta de mejoras.

La inminente visita del ministro del Interior, Diego Santilli, a Misiones —su primera al interior desde que asumió— llega en un clima complejo. Sin presupuesto asignado y con escasas herramientas para ofrecer, se espera que su paso por la provincia repita la lógica de su antecesor: pedir acompañamiento sin brindar respuestas concretas.

A esto se suma, según fuentes políticas, una estrategia cada vez más marcada de presión desde Buenos Aires hacia las provincias mediante recortes, condicionamientos presupuestarios y decisiones unilaterales.

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Misiones insiste en un modelo de Estado presente

Pese al escenario adverso, la provincia sostiene una línea de gestión centrada en la intervención estatal para equilibrar desigualdades. La defensa del INYM, los reclamos conjuntos del Norte Grande por una distribución más justa de recursos y los programas de infraestructura urbana —como el plan de pavimentación en Oberá— muestran una estrategia distinta a la nacional.

Sin embargo, funcionarios locales advierten que las herramientas provinciales no alcanzan si la macroeconomía continúa golpeando al empleo, la producción y el consumo.

Un país que necesita un cambio de rumbo

La crisis que atraviesa la Argentina deja en claro la necesidad de una política económica que no castigue al interior productivo ni a las familias trabajadoras. Gobernadores y cámaras empresarias coinciden en el mismo punto: las provincias deben recuperar margen para desarrollarse y no limitarse a administrar la escasez.

Con el malestar social en aumento, crece el pedido para que el Gobierno nacional deje atrás la lógica de campaña permanente, modifique su programa económico y asuma la responsabilidad de las decisiones que afectan a todo el país.

La ciudadanía votó un cambio para recuperar el trabajo y la esperanza. Hoy, ese objetivo parece cada vez más lejano si no se corrige el rumbo.