Este martes por la mañana dará inicio el juicio oral contra los dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Javier Sánchez, en una audiencia que se realizará en el SUM del Palacio de Justicia. El proceso llega a esta instancia luego de varios meses de investigación y tras haberse descartado la posibilidad de una probation, que había sido analizada pero finalmente no prosperó.

El caso vuelve al centro del debate público porque la causa se originó a partir de denuncias presentadas por comerciantes de la avenida Uruguay, quienes aseguran que resultaron perjudicados durante el acampe realizado en 2024. Aquella protesta mantuvo ocupada una de las arterias más transitadas de Posadas durante varias semanas, generando tensión con vecinos y frentistas.

Las denuncias que impulsaron la causa

Entre los elementos clave que tomó en cuenta la Justicia se encuentran los testimonios de varios comerciantes afectados. Algunos de ellos declararon que la quema de neumáticos provocó hollín, humo y olores que dañaron mercaderías y ahuyentaron clientes. Otros relataron que sus ventas se desplomaron mientras duró el corte, con caídas que oscilaron entre el 30% y el 50%, según cada rubro.

Para la fiscalía, estos relatos demostraron que la protesta superó el ejercicio del derecho a la manifestación, ya que no solo interrumpió el tránsito, sino que generó efectos concretos sobre la actividad económica del sector.

Con esas pruebas —que incluyeron además actas policiales, fotografías y constataciones oficiales— la Fiscalía de Instrucción N.º 7 imputó a Gurina y Sánchez por los delitos de Desobediencia Judicial y Entorpecimiento del Normal Funcionamiento de los Medios de Transporte.

El conflicto y el camino hacia el juicio

El acampe se había iniciado en mayo de 2024 en reclamo de mejoras salariales y laborales. El 1 de junio, un juez ordenó despejar la calzada, y si bien los manifestantes se retiraron parcialmente, horas después volvieron a ocupar toda la avenida, incumpliendo la medida cautelar. El 3 de junio, la Policía constató nuevamente el bloqueo y registró la presencia de los dirigentes imputados.

Días más tarde, el 7 de junio, el Gobierno provincial y los gremialistas firmaron un acta acuerdo para desactivar el conflicto y evitar acciones contra los que participaron de la protesta. Sin embargo, la Justicia remarcó que la acción penal pública no podía ser frenada por esa vía, ya que es una facultad exclusiva del Ministerio Público Fiscal.

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Una vez elevada la causa, ya en el Juzgado Correccional y de Menores N.º 1, se propuso otorgar una probation a los acusados, pero ambos dirigentes rechazaron la alternativa, lo que dejó habilitado el avance hacia el juicio oral.

Lo que se espera para la audiencia

Durante el debate, que comienza hoy, volverán a presentarse los testimonios de los comerciantes que aseguran haber sufrido pérdidas económicas, daños en sus productos y una importante caída de ventas durante el acampe. Estos elementos son considerados centrales por la acusación y podrían ser determinantes en la resolución del tribunal.

El juicio será seguido de cerca tanto por sectores sindicales como por cámaras empresarias, dado que podría sentar un precedente respecto a los límites de las protestas en espacios públicos y su impacto en la actividad comercial.