La jueza Marcela Leiva dictó sentencia este miércoles en Posadas en el juicio que enfrentaban los dirigentes docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez, acusados por su participación en los cortes de la avenida Uruguay y el acampe realizado durante mayo y junio del año pasado.

Tras escuchar los alegatos finales de la fiscalía y la defensa, la magistrada resolvió imponer 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses en suspenso para Sánchez. Además, ambos deberán cumplir tareas comunitarias y hacerse cargo de las costas del proceso. Las penas son condicionales, por lo que ninguno irá a prisión efectiva, aunque quedan sujetos a las reglas fijadas por el tribunal.

La acusación sostenía que los dos dirigentes habían incurrido en desobediencia judicial y entorpecimiento del transporte, al continuar con las medidas de protesta pese a existir una orden que prohibía bloquear la calzada. Durante su alegato, la fiscal María Laura Álvarez remarcó que, “en el marco de una protesta, se cometieron delitos”, al considerar que las acciones afectaron la libre circulación y generaron perjuicios a terceros.

Por su parte, los abogados defensores, Eduardo Paredes y Roxana Rivas, rechazaron esa postura y pidieron la absolución. Argumentaron que los hechos ocurrieron en el contexto de un reclamo salarial y pusieron en duda que sus representados hubieran sido notificados efectivamente de la orden judicial. También cuestionaron la idea de que Gurina y Sánchez ejercieran un liderazgo capaz de configurar los delitos imputados.

Luego de un cuarto intermedio, la jueza Leiva anunció el veredicto y dejó firme la condena en suspenso.

Desde la defensa anticiparon que apelarán la decisión. En paralelo, tanto Gurina como Sánchez señalaron que en las próximas horas convocarán a un nuevo paro docente, como respuesta al fallo.