La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y promovida por el presidente Javier Milei comenzará a debatirse en el Senado en los próximos días, en medio de fuertes cuestionamientos por su posible impacto sobre el sistema previsional y el financiamiento de los sindicatos.

De acuerdo con proyecciones realizadas por especialistas en materia laboral y previsional, la iniciativa podría generar una merma significativa en los ingresos que recibe la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El eje de la preocupación está puesto en los cambios propuestos para el régimen de indemnizaciones por despido, que modificarían el destino de una parte de las contribuciones patronales.

El proyecto contempla la creación de un nuevo esquema, denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con un porcentaje de los aportes actualmente destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Estos recursos pasarían a ser administrados por entidades financieras habilitadas, lo que implicaría una reducción directa en los fondos que hoy sostienen el sistema jubilatorio.

Desde el Poder Ejecutivo aseguran que esta menor recaudación previsional sería compensada por un escenario de crecimiento económico y por la reducción del gasto público. En ese sentido, funcionarios nacionales sostienen que la reforma apunta a generar mayor empleo formal y dinamizar la economía, lo que permitiría incrementar los ingresos fiscales en el mediano plazo.

Sin embargo, distintos analistas advierten que la pérdida de recursos previsionales podría tensionar aún más un sistema que ya enfrenta dificultades estructurales. Señalan que, sin una reforma integral del régimen jubilatorio, la reducción de aportes podría afectar la sustentabilidad futura de las jubilaciones.

Otro de los puntos sensibles del proyecto es el impacto sobre los sindicatos y las obras sociales. La iniciativa propone una modificación en los aportes obligatorios destinados al sistema de salud sindical, lo que implicaría una baja en los fondos que nutren al Fondo Solidario de Redistribución. Desde el sector gremial alertan que esta situación podría traducirse en recortes de prestaciones y servicios para los trabajadores afiliados.

Dirigentes sindicales y especialistas en políticas laborales coinciden en que la reforma no aborda de manera estructural los problemas del sistema de salud ni del régimen previsional, y advierten que los cambios podrían generar desequilibrios financieros difíciles de revertir.

Con el debate parlamentario ya en agenda, se espera que en los próximos días se intensifiquen las discusiones políticas y sociales en torno al alcance de la reforma. En paralelo, distintos gremios anticiparon medidas de protesta y movilizaciones en rechazo a los cambios propuestos.