En un fallo que sacude el tablero político y económico del Gobierno Nacional, la justicia federal dictó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a reactivar el financiamiento universitario. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, suspendió los efectos del Decreto 759/2025, mediante el cual el presidente había frenado la aplicación de la ley sancionada por el Congreso.
Claves del fallo: ¿Por qué intervino la justicia?La resolución surge tras un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los puntos centrales que el juez Cormick subrayó para invalidar —provisoriamente— el decreto presidencial son:
- Inconstitucionalidad: El magistrado advirtió que el Ejecutivo no puede suspender mediante un decreto una ley que ya fue ratificada por el Congreso tras un proceso de insistencia legislativa (Art. 83 de la Constitución).
- División de Poderes: El fallo señala una posible "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta", sugiriendo que el Gobierno intentó imponer una norma de jerarquía inferior sobre un mandato constitucional expreso.
- Urgencia Alimentaria y Educativa: Se reconoció el "peligro en la demora" debido al deterioro crítico de los salarios de docentes y las becas estudiantiles, lo que afecta directamente el derecho constitucional a enseñar y aprender.
Con esta medida cautelar, el Estado Nacional queda obligado a:
- Actualizar salarios: Recomponer de forma inmediata las partidas para el personal docente y no docente.
- Garantizar becas: Reactivar y actualizar los montos destinados a los estudiantes.
- Cumplir la Ley 27.795: Aplicar la normativa de financiamiento universitario de forma integral.
Aunque esta resolución es de carácter "innovativo" (porque obliga a actuar antes de la sentencia final), el Gobierno aún tiene instancias para apelar. Sin embargo, por el momento, la justicia ha dejado claro que el ajuste no puede pasar por encima de las decisiones del Poder Legislativo ni de los derechos laborales protegidos internacionalmente.
La cautelar regirá hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, brindando un respiro momentáneo a las arcas de las casas de altos estudios en todo el país.
