La justicia federal dio un paso contundente en la investigación que busca desentramar una presunta red de desvío de fondos millonarios pertenecientes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por orden del juez Luis Armella, efectivos policiales allanaron la propiedad de Javier Faroni, un empresario del espectáculo y la política estrechamente vinculado a la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia.
El operativo en NordeltaEl procedimiento tuvo lugar en un exclusivo barrio cerrado de Nordelta, en el partido de Tigre. Los investigadores tenían un objetivo claro: secuestrar contratos, computadoras, teléfonos y cualquier dispositivo electrónico que pueda arrojar luz sobre las maniobras financieras de la firma TourProdEnter.
Cabe destacar que, antes del allanamiento, la Justicia ya había dictado la prohibición de salida del país para Faroni, marcando la gravedad de las sospechas que pesan sobre su actividad comercial con la entidad madre del fútbol nacional.
La ruta de los 260 millones de dólaresEl corazón de la causa investiga cómo se administraron cerca de USD 260 millones de la AFA en el exterior. La lupa de la justicia se posa sobre un presunto esquema de triangulación:
- El mecanismo: Se sospecha que al menos USD 42 millones fueron derivados hacia un grupo de empresas que podrían ser ficticias.
- Los contratos: Estos movimientos se habrían realizado bajo el paraguas de acuerdos por derechos comerciales de la Selección Argentina.
- Vínculos familiares: La empresa bajo sospecha fue inscripta en Miami por la esposa de Faroni, quien también aparece ligada a otras sociedades que están siendo monitoreadas por los investigadores.
Ante la creciente presión judicial y la difusión mediática del caso, Faroni emitió un comunicado oficial. En el texto, si bien reconoce haber actuado como agente comercial de la AFA, niega de forma tajante la existencia de cualquier irregularidad o desvío de dinero, asegurando que su gestión se ajustó a la legalidad.
Sin embargo, para la justicia de Lomas de Zamora, las piezas aún no encajan. Con la conducción de Tapia y el tesorero Pablo Toviggino bajo la mirada pública, el análisis de la documentación secuestrada en Nordelta será determinante para definir el futuro de una causa que amenaza con hacer temblar los cimientos de la calle Viamonte.
