La desidia estatal ha alcanzado un nuevo y preocupante límite en la ciudad de Oberá. Mientras los fallos judiciales deberían ser la última garantía de los derechos ciudadanos, para Miguel Ángel Sánchez, un afiliado de 67 años, son apenas papeles sin valor. A pesar de contar con dos resoluciones firmes de la Justicia Federal, la actual conducción del PAMI sigue sin brindarle la asistencia integral que su estado de extrema vulnerabilidad exige.

​La historia de Sánchez es el fiel reflejo de un sistema que le dio la espalda cuando más lo necesitaba. Afectado por un glaucoma neovascular y diabetes, el hombre perdió la visión por completo. Sin embargo, su tragedia no fue solo física: en su estado de indefensión, fue víctima de personas que, lejos de ayudarlo, utilizaron su identidad para sacar préstamos, dejándolo sumido en la miseria y, finalmente, en situación de calle.

​Tras un paso por el Hogar de Ancianos municipal y una internación en una clínica psiquiátrica desde junio, hoy Miguel Ángel cuenta con el alta médica, pero no tiene a dónde ir. Sigue institucionalizado simplemente porque el PAMI no cumple con la orden de proveerle un alojamiento geriátrico y la cobertura médica ambulatoria necesaria. 

​En septiembre, el juez federal Alejandro Gallandat fue contundente: ordenó a la obra social de los jubilados brindar asistencia psicofísica integral y alojamiento permanente. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó esta medida, pero en la delegación local del PAMI el silencio sigue siendo la única respuesta.

​Sánchez, cuyos hijos no han asumido su cuidado, depende exclusivamente de que el Estado cumpla con su deber. Mientras los plazos administrativos se dilatan y las multas judiciales se acumulan, un hombre que no puede ver ni valerse por sí mismo sigue esperando una solución que le devuelva, aunque sea mínimamente, un poco de dignidad.

​El caso pone bajo la lupa la gestión actual del organismo en Oberá, cuestionada por su falta de operatividad ante situaciones donde la vida y la integridad física están en juego. ¿Quién se hace cargo de un afiliado cuando la propia Justicia no es suficiente para conmover a los funcionarios?