​En un movimiento que ha dejado atónitos a los líderes reunidos en el Foro de Davos, el presidente Javier Milei puso sobre la mesa de negociación un activo estratégico invaluable: el Puerto de Ushuaia. La oferta, dirigida directamente a Donald Trump, busca convertir la terminal fueguina en un centro de uso militar y comercial para los Estados Unidos a cambio de evitar un millonario pago.

​El trasfondo de esta jugada es económico. El Gobierno argentino busca evitar el desembolso de 1.000 millones de dólares destinados a la "Junta de la Paz", el organismo internacional encargado de la reconstrucción de la Franja de Gaza tras el conflicto entre Israel y Hamás. Ante la escasez de divisas, Milei optó por ofrecer "geopolítica" en lugar de efectivo. 

​Para dar vía libre a este acuerdo, el Ejecutivo nacional oficializó el pasado 21 de enero de 2026 la intervención federal del puerto por un plazo de 12 meses. El decreto justifica la medida alegando irregularidades financieras, desvío de fondos y un grave deterioro en la infraestructura bajo la administración provincial.

​La respuesta no se hizo esperar. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, calificó la medida de anticonstitucional y anunció que recurrirá a la Justicia para frenar lo que considera un avasallamiento a la autonomía provincial. 

​La controversia ha escalado rápidamente a nivel nacional. Mientras el oficialismo defiende la medida como una forma de insertar a Argentina en la alianza estratégica con las potencias occidentales, la oposición y diversos sectores sociales denuncian que se está utilizando territorio nacional como "moneda de cambio". La principal preocupación radica en el control de la puerta de entrada a la Antártida, un punto clave para la soberanía argentina en el futuro.