El Gobierno nacional decidió retirar el proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil que había sido enviado al Congreso, en medio de diferencias internas sobre algunos puntos clave de la iniciativa.

Uno de los principales motivos fue la inclusión en el dictamen de una propuesta para fijar la edad de imputabilidad en 13 años, cuando el consenso previo con bloques aliados establecía llevarla a 14 años, tal como figuraba en el texto debatido durante 2025.

La iniciativa buscaba crear un nuevo régimen penal juvenil y contemplaba cambios en el financiamiento para su implementación. En la versión más reciente, el proyecto preveía la asignación de más de 20 mil millones de pesos a la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos al Ministerio de Justicia, con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva de la ley.

El oficialismo ahora trabaja en corregir el texto para intentar retomar el debate legislativo en la Cámara de Diputados en los próximos días.