El escenario político en la Cámara Alta sufrió un giro drástico este lunes. Tres senadores del bloque peronista decidieron dar el "portazo", dejando a la bancada que conduce José Mayans en su nivel histórico más bajo desde el retorno de la democracia en 1983. La ruptura no es solo un movimiento de pasillos representa una reconfiguración total del poder que deja al oficialismo a un paso de mayorías especiales para temas clave.

​Los protagonistas de la fractura son Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán). Los tres responden a gobernadores que han mostrado una sintonía fina con la Casa Rosada y que ya habían facilitado leyes de peso, como el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

​Con esta "fuga", el bloque de Mayans queda con apenas 25 senadores. Si bien conservan un tercio de la cámara, el oficialismo —que ya cuenta con 21 bancas propias y aliados incondicionales— les pisa los talones.

​Esta nueva aritmética legislativa es música para los oídos de Victoria Villarruel y Javier Milei. Con estos números, el Gobierno queda peligrosamente cerca de los dos tercios (48 votos) necesarios para nombrar jueces en la Corte Suprema de Justicia, un objetivo que hasta hace poco parecía inalcanzable. 

​La salida de los legisladores no estuvo exenta de dardos venenosos hacia la conducción nacional del Partido Justicialista. Las intervenciones partidarias en las provincias por parte de Cristina Fernández de Kirchner fueron el detonante final.

​Desde el entorno de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), las críticas fueron lapidarias: acusaron a la exmandataria de manejar el partido como una "pyme familiar" y de decidir autoridades "a dedo" desde Buenos Aires, desconociendo a los afiliados del interior.

​Mientras el peronismo se desangra en internas, el oficialismo se prepara para la apertura de sesiones ordinarias con un Congreso mucho más amigable. La falta de acuerdo en el PJ para presentar proyectos alternativos a las reformas de Milei deja al partido en una posición defensiva y debilitada, justo cuando se discuten temas que afectan directamente al mundo del trabajo y la economía.