En una decisión que marca un fuerte giro en la política de seguridad del vecino país, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 5524 que habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la Región Oriental. La medida autoriza el uso de armas de guerra y elementos de combate en operativos de defensa interna para enfrentar a grupos criminales de alta peligrosidad.

​El decreto surge como respuesta inmediata a la escalada de violencia y tras el reciente secuestro del productor sojero Almir de Brum da Silva en Curuguaty, un hecho que conmocionó a la región y que se atribuye a agrupaciones con entrenamiento pseudomilitar.

​La normativa establece que los militares podrán intervenir en zonas donde se detecte la presencia de bandas vinculadas al crimen organizado transnacional, narcotráfico y terrorismo. El objetivo principal es cubrir los "flancos abiertos" en departamentos de la Región Oriental donde, según informes de inteligencia, estas organizaciones han montado bases logísticas aprovechando la escasa presencia de fuerzas de seguridad.

​Un punto clave del decreto es que las FF.AA. están facultadas para utilizar la fuerza letal cuando los delincuentes posean armamento de guerra o intenten quebrar el orden institucional del Estado.

​La jurisdicción de este despliegue incluye no solo el territorio terrestre, sino también los ríos nacionales y fronterizos. El Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) será el encargado de coordinar estas acciones, contando con el apoyo obligatorio de todos los organismos del Estado dependientes del Poder Ejecutivo.

​Con esta medida, el Gobierno paraguayo busca recuperar el control de áreas críticas y garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, ante una amenaza que —según el Consejo de Defensa Nacional (Codena)— compromete la libertad y el libre ejercicio de las instituciones constitucionales.