El Gobierno nacional decidió no renovar el denominado “Premio Estímulo a la Asistencia”, un adicional salarial que percibían miles de trabajadores de la Administración Pública Nacional. La medida impactará directamente en los haberes de febrero —que se cobran en marzo— y podría significar una pérdida de hasta 150.000 pesos mensuales, según estimaciones oficiales.

El plus alcanzaba al personal encuadrado en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que incluye empleados de la Casa Rosada, ministerios nacionales, organismos descentralizados y distintas dependencias de la Administración Central. En muchos casos, el adicional representaba cerca del 10% del salario de bolsillo, especialmente en las categorías más bajas.

El beneficio había sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025, pero al vencer la última extensión y no mediar una nueva resolución que garantizara su continuidad, quedó automáticamente fuera de la estructura salarial. La decisión generó un fuerte malestar en amplios sectores del empleo público, en un contexto de alta inflación y deterioro del poder adquisitivo.

Desde los gremios estatales cuestionaron la medida y advirtieron que el presentismo ya formaba parte del salario habitual y permanente. En ese sentido, sostienen que su eliminación unilateral vulnera acuerdos previos y neutraliza parte de las mejoras obtenidas en paritarias.

En particular, ATE Capital calificó la decisión como “arbitraria e ilegal” y presentó una notificación formal para que el Ejecutivo se abstenga de suprimir el suplemento. El sindicato argumenta que el adicional tiene carácter alimentario y no puede ser eliminado sin negociación entre las partes.

Ante este escenario, no se descartan medidas de fuerza, incluyendo paros y movilizaciones. El conflicto se suma a otros reclamos vinculados a topes salariales y despidos en distintas áreas del Estado, profundizando la tensión entre el Gobierno nacional y los trabajadores estatales.