El ambicioso acuerdo comercial bilateral entre Argentina y la administración de Donald Trump entró en una etapa de definiciones administrativas. Si bien en los pasillos de la Casa Rosada aseguran que el "tronco" del texto principal ya está cerrado, el envío del proyecto al Congreso Nacional depende ahora de una serie de anexos técnicos y documentación complementaria que deben viajar desde los Estados Unidos.

​Desde el Ejecutivo aclararon que no se trata de renegociar lo firmado, sino de precisiones sobre la implementación que resultan vitales para que los legisladores tengan el panorama completo al momento de votar. "Necesitamos que lleguen los últimos papeles", confiaron fuentes oficiales.

​A pesar de la espera parlamentaria, el Gobierno planea ganar tiempo. Según trascendió, varios capítulos del acuerdo comenzarán a ejecutarse mediante decretos y resoluciones ministeriales. Estos puntos incluyen:

• ​La eliminación de barreras no arancelarias.
• ​El reconocimiento mutuo de certificaciones sanitarias y técnicas.
• ​La simplificación de trámites que hoy frenan el comercio fluido entre ambos países. 

​El punto de mayor fricción y debate será, sin dudas, el capítulo de propiedad intelectual. En el Gobierno admiten que este apartado requerirá reformas legales profundas y una negociación fina con los sectores productivos locales.

​En este marco, se analiza enviar un nuevo proyecto para la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), ya que consideran que el expediente que hoy tiene media sanción quedó "desactualizado" frente a las nuevas exigencias del pacto con Washington.

​La agenda internacional de Javier Milei también incluye la integración de Argentina al Consejo de la Paz, una iniciativa impulsada por la Casa Blanca. Al igual que el acuerdo comercial, este compromiso aguarda documentación extra para definir su alcance real.

​Finalmente, desde el oficialismo intentaron llevar tranquilidad respecto a fallos recientes de la Corte Suprema de EE.UU. sobre aranceles, asegurando que estos movimientos judiciales pertenecen al sistema interno estadounidense y no ponen en riesgo lo acordado entre ambas naciones.