​Un informe devastador sacude la opinión pública internacional. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, advirtió este lunes desde Ginebra que la cifra de fallecidos tras la represión de las protestas de diciembre y enero supera ampliamente los registros oficiales. Mientras el gobierno iraní admite solo 3.000 decesos, los organismos de derechos humanos estiman que hay al menos 7.000 víctimas confirmadas, número que podría escalar a 17.000 debido a miles de personas aún sin identificar.

​Sato calificó sus propias estimaciones como "conservadoras", señalando la dificultad de documentar los casos ante la falta de transparencia del régimen. Además, criticó la narrativa oficial de Irán, que atribuye las muertes a grupos terroristas o manifestantes violentos, en lugar de reconocer el accionar de las fuerzas de seguridad.

​El panorama se agrava por el contexto bélico actual. La relatora también se refirió a los ataques de Estados Unidos e Israel, calificándolos de "ilegales" según el derecho internacional y alertando sobre la destrucción de infraestructura civil, como hospitales y escuelas. Según Sato, el conflicto externo podría estar funcionando como un catalizador para una represión interna todavía más feroz, dejando a la población civil atrapada entre la guerra y la vulneración sistemática de sus derechos básicos.